Las 14 familias que ocupan el bloque de Salt piden parar el desalojo "inminente"

Tienen hasta el día 25 de junio para abandonar el bloque
Familias que ocupan el bloque de Salt en los juzgados de Girona
Familias que ocupan el bloque de Salt en los juzgados de Girona
EUROPA PRESS
Familias que ocupan el bloque de Salt en los juzgados de Girona

Las catorce familias de la PAH Girona-Salt que han vuelto a ocupar el bloque de Salt (Girona) propiedad de la Sareb han pedido este jueves al juzgado de Girona que aplace el desalojo "inminente" que ha ordenado el Juzgado de Instrucción 3 de Girona un mes después de la nueva ocupación de este bloque.

La portavoz de la PAH Girona-Salt, Marta Afuera, ha explicado este jueves durante una acción en el juzgado de Girona que las familias "viven en situación de extrema vulnerabilidad" por lo que no se las puede desalojar.

El juez ha fijado como data límite el próximo jueves 25 de junio para que las familias abandonen el edificio, pero la portavoz de la PAH ha anunciado que "no lo abandonarán hasta obtener por parte de la Administración soluciones reales para estas familias, la mayoría con hijos menores, y no tienen otro sitio para vivir".

Las catorce familias que viven en el bloque Salt desde finales de mayo de este año "no cuentan con ingresos, habían sido desalojadas y vivían en pisos de familiares o amigos, ocupando habitaciones minúsculas", ha señalado Afuera.

Ha reclamado "a los partidos de izquierdas que reaccionen y paren la indignidad de dejar sin vivienda a estas familias, ya que es una cuestión de derechos humanos".

Las familias que ocupan el bloque Salt han presentado este jueves un escrito al Juzgado de Instrucción 3 de Girona identificando las personas que viven en el edificio —18 adultos y 24 niños— alertando de su situación "de extrema pobreza" para que se decrete la suspensión del desalojo y piden también asistencia jurídica gratuita para las familias.

El bloque de Salt, que se convirtió en un símbolo de la lucha por la vivienda de esta plataforma, estuvo ocupado durante 9 meses, entre marzo y diciembre de 2013, y sus ocupantes consiguieron una medida cautelar del Tribunal de Estrasburgo, que ordenó parar el primer desalojo —fijado para octubre de 2013— hasta que les administraciones garantizaran una solución para las 15 familias que ocupaban el edificio.

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