La Comisión Ejecutiva de UGT-PV ha exigido una regulación que "frene el despido libre y la desregulación de salarios" y ha mostrado su disconformidad con las declaraciones del presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, en las que "apunta, sumándose a lo expresado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de España, a la necesidad de contar con una nueva reforma laboral que rebaje el coste del despido, aún más que la del año 2012 y que dé más flexibilidad a las empresas".

En un comunicado, el sindicato ha calificado esas propuestas como "desproporcionadas, fuera de lugar y absolutamente ineficaces, si lo que se pretende es un crecimiento económico real y sostenible".

Además, pide inversiones en servicios públicos, protección social, la creación de "empleo decente" y la puesta en marcha de la Renta Básica de Ciudadanía, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de la Comunitat, y, "en definitiva, un gobierno de izquierdas que esté a la altura de la confianza que le ha dado la sociedad que lo ha votado".

Para UGT-PV, esas demandas de "despido libre y salarios variables, entre otras cosas que han sido puestas sobre la mesa estos días, no sólo implican desprotección para la clase trabajadora, sino que generan una situación de precariedad y de inestabilidad que no permite la recuperación de nuestra economía de manera continuada".

A su juicio, de la crisis, se debería aprender que "el libre mercado es injusto y se ceba en los más desprotegidos, en la clase trabajadora", y que, "además, las políticas que defiende el FMI sitúan, en algunos casos, al libre mercado por encima de los propios estados".

Retirada de las dos últimas reformas laborales

Por este motivo, UGT-PV reclama "una regulación de los mercados que pase por poner a las personas como eje fundamental de las políticas de Estado" e insta a los nuevos gobiernos a sumarse a su propuesta de retirada de las dos últimas reformas laborales.

El sindicato, en este sentido, aboga por volver a la situación de 2009, "antes del estallido de la crisis, para evitar, en definitiva, someter la actividad política a las reglas de un mercado, que busca el máximo beneficio económico, sin tener en cuenta muchas veces los costes humanos, sociales y medioambientales".