El delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo (IU), considera que es "legítimo ocupar una casa que esté vacía, siempre que sea de una entidad financiera, no de un particular", de modo que asegura que coincide con "el sentir" de la Plataforma 'Stop Desahucios'.

Así lo ha manifestado Del Castillo en declaraciones a los periodistas ante los juzgados, donde ha acudido junto con el portavoz de Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, y otros miembros de la plataforma 'Stop Desahucios', para mostrar su apoyo a la familia encabezada por Pepi Cañete y Francisco Belmonte, que han declarado ante el juez por haber ocupado una vivienda de un banco al no tener alternativa ocupacional y se enfrentan a multas de 600 euros cada uno.

En concreto, ha informado de que desde el gobierno local ya trabajan en crear la Oficina en Defensa de la Vivienda, donde entre sus objetivos se encuentra poder "mediar ante los diferentes bancos en el caso de que se hable de una hipoteca que no se puede pagar para encontrar la solución" o "mediar en los desahucios energéticos", con el fin de que "la vivienda tenga luz y agua".

En este sentido, el concejal de Bienestar Social ha señalado que también se tratará "con los bancos que hoy día tienen en Córdoba casas vacías", porque, a su juicio, "el problema de la vivienda se podría arreglar porque hay casas para todos, pero están vacías", después de que "durante mucho tiempo se ha especulado con el derecho de la vivienda, se han subido los precio de los pisos de forma artificial para llenarse los bolsillos de unos cuantos y ha habido graves delitos económicos contra la gente", opina.

Además, considera que "ahora le toca a muchos de los causantes de este drama que se vive que se pongan manos a la obra trabajando con las diferentes administraciones para una solución", de ahí que les emplace a "dialogar y buscar una solución".

Igualmente, cree que desde el Ayuntamiento "hay capacidad para sentarse con los diferentes entes financieros, hablar y ver qué se puede hacer con sus viviendas vacías", en alusión a los bancos, porque defiende que "es más eficaz para ellos ponerlas a disposición de la gente con alquileres sociales, que estén vacías destrozándose", como el caso de la vivienda de Pepi y Francisco, ha indicado el edil, quien califica de "increíble que le multaran por ocupar una casa que han dejado mejor de lo que estaba".

Asimismo, apunta que el Consistorio hace contratos financieros y tiene servicios con diferentes entidades, a las que "habría que pedirles una sensibilidad social ante esto". Y es que, explica, "en nuestra mano debería estar contemplar a la hora de contratar cualquier servicio con cualquier entidad, ver si tiene la sensibilidad que debe tener encaminada a ir arreglando entre todos el problema tan grave".

En el caso del agua, destaca que con la empresa municipal Emacsa hay "menos problemas, porque es pública", pero en el caso de la luz y energía, anima a las empresas suministradoras a "si están dispuestas a dar servicios teniendo en cuenta cláusulas sociales con sensibilidad", algo que "habrá que contemplar a la hora de ver si se renuevan o no" los contratos con las diferentes suministradoras, ha indicado.

El papel de los agentes sociales

Mientras, Rafael del Castillo ha señalado que quiere hablar con los diferentes agentes sociales que trabajan en pos del derecho a la vivienda para "establecer un programa de acción conjunta", de tal forma que si se consigue "complicidad con los diferentes agentes habrá mas éxito en lo que queremos hacer".

En su opinión, "el Ayuntamiento tiene una responsabilidad grande, enorme, pero en la situación de emergencia social en la que estamos tenemos que crear sinergias, con la gente y los movimientos sociales", con el objetivo de "buscar complicidad a la hora de actuar".

En concreto, comenta que en estos momentos se escribe el protocolo y los objetivos de la citada oficina, con la que quieren que "cualquier cordobés con problemas ante un desahucio inminente y ante encontrarse sin una alternativa habitacional pueda acudir ahí e informarle de las diferentes opciones que tiene", ha resaltado el concejal.

"continuar en la lucha"

Por otro lado, el edil ha afirmado que quiere "continuar en la lucha", de hecho declara que "desde la institución se puede hacer activismo", a lo que agrega que dentro de la política "hay que luchar aún más por la gente que sufre y lo pasa mal".

Preguntado por si se diera un caso de una ocupación de vivienda de la empresa municipal Vimcorsa, el edil señala que "habría que ver el caso en cuestión y hablar con la familia", aunque destaca que dichas casas "no deben ser ocupadas, porque están destinadas a un fin social", de ahí que le pida a la gente que "tenga eso en cuenta, que son casas destinadas para la gente que tiene necesidad".

Entretanto, ha advertido de que la familia de Pepi y Francisco representa "un drama social que se vive, que muchas veces desde las diferentes administraciones se ve como si fueran cifras", cuando dichas cifras "esconden realidades como esta que son muy duras, y muchas veces no somos conscientes de ello", ha lamentado Del Castillo.

De este modo, muestra su apoyo a ambos, que "son una de las tantas familias que hay en el país que sufren la emergencia social habitacional inaguantable", y que suponen "un indicador más de lo necesario que es que desde las diferentes administraciones nos pongamos de acuerdo y se legisle desde administraciones superiores para que no pase lo que pasa".

En definitiva, asevera que "el Ayuntamiento no puede ponerse de lado ante los problemas estos", al tiempo que subraya que "diga la ley lo que diga es una competencia municipal que tenemos que abordar y denunciar en el caso de que no haya recursos".

La familia,

Sin recursos desde hace seis años

En el caso concreto de la familia, Pepi y Francisco, que está enfermo, han detallado que ocuparon la vivienda del banco porque "se veían en la calle", tras seis años sin entrar "ningún recurso en casa". Así, llevan 15 meses de ocupación en el inmueble, que estaba en "mal estado y todo destrozado", y ahora le han puesto agua y luz, además de adecentarlo.

Al respecto, confían en la ayuda de la plataforma para "conseguir un alquiler social", después de que tuvieran que abandonar su anterior vivienda en alquiler y al no poder afrontar el pago. Tienen dos hijos mayores de edad, de 18 y 20 años, que se encuentran en paro, igual que los padres.

Según han explicado, han solicitado ayuda en la empresa municipal Vimcorsa y en la Junta, pero no han conseguido "nada", al ser los hijos mayores de edad, han comentado.