La Audiencia Provincial de Almería ha empezado a recibir para su resolución las primeras cuestiones de competencia que han planteado los juzgados de la capital ante la decisión del Juzgado de Instrucción 4, sobre el que recayó la causa inicialmente, pero que el pasado marzo decidió desglosarla en 16 procedimientos y mandar a reparto las actuaciones al estimar que no existía "relación ni concierto alguno entre las empresas y sociedades" investigadas, "ni entre las personas responsables de las mismas e imputadas".

Las primeras cuestiones de competencia en llegar a la Audiencia para su resolución han sido las planteadas por el Juzgado de Instrucción 1 de Almería después de que la Fiscalía informase de que debía ser este órgano el que resolviese, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Así, la que se refiere al procedimiento incoado por la empresa Abakan Formación SL, en el están imputadas tres personas, ha recaído en la Sección Tercera, que ha fijado votación y fallo para el 4 de septiembre. La otra causa que se ha turnado alude a la empresa Aplinfo SL, por la que está imputada una persona, y debe ser dirimida por la Sección Segunda.

Las mismas fuentes han indicado que, a partir de ahora, los 14 procedimientos penales restantes, uno por cada empresa y derivadas de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', seguirán el mismo trámite ya que el Ministerio Fiscal ha informado, como en el caso de Instrucción 1 e Instrucción 6, o va informar decantándose por que sea la Audiencia Provincial la que dirima estas cuestiones de competencia.

Cabe recordar que la misma Audiencia también debe pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado por la Junta de Andalucía contra el auto por el que la jueza María del Mar Cruz acordó desglosar la causa y mandarla a reparto. La decisión, a petición de Fiscalía, se argumentó en que no habría "razón alguna" que aconsejase lo contrario y argumentaba la necesidad de evitar "la complejidad innecesaria de la causa y la indebida dilación de la misma".

La Administración autonómica impugnó la resolución argumentando, por un lado, que los delitos que se están investigando tienen "conexión entre sí" y pueden ser instruidos en "un único sumario", y, por otro, que abrir 16 procedimientos podría "dificultar la averiguación de los hechos, y su posterior enjuiciamiento, perjudicándose en suma la justicia".

Advertía, asimismo, del "peligro" del dictado de "resoluciones contradictorias" y señalaba que "podría darse el caso" de que unas "mismas autoridades y/o funcionarios se encontrasen simultáneamente imputados o desimputados por unos mismos hechos". "Y ello en 15 sumarios y causas distintas", apuntillaba.

No obstante, la Junta proponía que, si se lo que se requería para "facilitar las actuaciones" era establecer "cierta separación" por razón de los imputados, se optase por la tramitación de "piezas separadas por cada una de las empresas o de los funcionarios investigados" por ser "más conforme con la finalidad de la investigación".

"INDEFENSIÓN"

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 4 no ha dado respuesta al escrito presentado por la defensa de uno de los cargos públicos que fue detenido en febrero en el marco de la operación 'Edu Costa' en el que pedía que se declarasen "nulas" las "actuaciones posteriores" al recurso de la Junta ya que, según alegaba, se habría producido "indefensión".

Argumentaba que, pese a estar personado en las diligencias previas desde el 9 de julio de 2014 y aunque el secreto que pesaba sobre caso se levantó hace dos meses, no se le había dado traslado de copia de lo actuado hasta el momento. Añadía que, después de alzado el citado secreto, "tampoco" había podido acceder a la causa "ya que —sostenía— según se nos informó verbalmente, ya no se encontraban en las dependencias del juzgado al haber sido enviadas a reparto".

Cinco presuntos delitos

La remisión al Decanato para reparto de lo actuado a lo largo de nueve meses bajo secreto, incluidos los informes de la Policía Nacional derivados de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', tuvo como consecuencia que todos los órganos tuviesen competencia para dirimir si se produjeron presuntas irregularidades en la concesión y si se incurrió en la comisión de presuntos delitos de fraude en subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.

Las empresas implicadas son Centro de Estudios Andarax S.L.; Granaforma S.L.; Aplinfo Almería S.L.; Sicma Andalucía S.L.; Infocentro; Centro de Estudios Informáticos S.L.; Quintaeventos S.L.; Hostelería y Formación Indalo S.L.; Indalo Formación y Empleo S.L.; Inmecamar S.L.; Academia Infosol S.L.; Abakan Formación S.L.; Centro de Formación Indalo S.L.; Naos Consultoría e Información S.L.; Formación Hostelería del Sur S.L.; y Profesional de Salvamento y Socorrismo S.L.

La investigación explotó en febrero y marzo con las detenciones practicadas el marco de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', que se saldaron con 31 arrestos, entre ellos, los concejales del PSOE de Vícar, José Luis Leseduarte, y de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega, quien renunció a su acta de edil y se dio también de baja del partido.

En concreto, la Policía Nacional finalizó la operación 'Edu Costa' en Almería con la detención de 26 personas y la imputación de otra por un presunto fraude en la financiación de cursos de formación a través de 13 empresas en 2010 y 2011 con cargo a la partida 32D, reservada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Por otra parte, la operación 'Edu Centro' se saldó con cinco detenciones en Almería, una de ellas de una persona vinculada a una empresa de Jaén.