La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de cárcel y 19 de inhabilitación para el exalcalde de Rota (Cádiz) de Roteños Unidos (RRUU) Lorenzo Sánchez por el conocido como 'caso Uniformes'. Para su sucesora, la exalcaldesa Eva Corrales (PP), pide cinco meses de prisión y 15 de inhabilitación; mientras que para Antonio Peña (PP) —actual alcalde de la localidad vecina de Chipiona y edil del Consistorio roteño en el momento de los hechos que se investigan— pide nueve años de inhabilitación.

Así consta en el escrito de acusación emitido por la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, contra los 21 actuales y antiguos responsables y técnicos municipales de los sucesivos gobiernos de PP y RRUU imputados en el marco de este procedimiento, que investiga adjudicaciones irregulares desde 2004 de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento roteño y fundaciones municipales a empresas relacionadas con el exalcalde y otros responsables de la Corporación.

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 2 de Rota daba por finalizada la instrucción del 'caso Uniformes' a principios de febrero y dio traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formulasen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El juzgado instructor consideró que existen "indicios racionales de criminalidad" por la adjudicación irregular desde 2004 a empresas vinculadas con el exalcalde y otros responsables municipales. Se trata de la sociedad cooperativa Coanda, Epis Rotasur, S.L., y Coanda Costuras S.L.U.

Significa que esta última vino a sustituir en 2008 a las dos anteriores para "burlar la prohibición de contratar con la entidad local" y que no aparecieran como titulares o administradores de la misma el entonces alcalde ni los concejales.

Según el auto del juzgado, los responsables de las citadas empresas, con la colaboración de otros técnicos y responsables municipales, concertaron contratos "con conocimiento de la prohibición de contratar que pesaba sobre los mismos y de las incompatibilidades a las que se encontraban sometidos según la legislación vigente en cada momento".

Durante el tiempo de los hechos investigados, pese a las prohibiciones de contratar que existían, fueron adjudicados contratos a las mencionadas empresas por parte del Ayuntamiento, fundaciones y empresas municipales cuantificados por la Fiscalía en 790.528 euros.

Penas solicitadas

El Ministerio Fiscal solicita para los acusados penas que van desde los nueve años de inhabilitación a los cinco años de cárcel y 19 de inhabilitación que reclama para el exalcade, a quien considera responsable de los delitos de prevaricación continuada, gestión interesada continuada y falsedad.

Para Eva Corrales solicita 15 años de inhabilitación y cinco meses de prisión como autora de un delito de prevaricación continuada y cooperadora necesaria de gestión interesada continuada.

Para el actual alcalde de Chipiona, Antonio Peña —primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rota desde 2003 y miembro de la Junta de Gobierno Local hasta 2011—, solicita nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de alcalde, concejal o cualquier otro cargo de elección popular en el ámbito local, así como de empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

Cabe recordar que Eva Corrales causó baja en el PP tras ser recientemente condenada por la Audiencia Provincial de Cádiz a cuatro años y seis meses de cárcel y a once años y medio de inhabilitación por el 'caso Horas Extra'.