El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha destacado que el fraude a la Seguridad Social en los mercadillos ambulantes de Córdoba, por bajas por enfermedad y desempleo, sumó 1,3 millones de euros y afectó a 373 personas durante el año 2012, según los datos que recoge la respuesta que le ha dado el Gobierno de la Nación a sus preguntas sobre este asunto.

En concreto, según informado Hurtado en un comunicado, le pidió al Gobierno que preside el popular Mariano Rajoy que le detallara a cuánto asciende el fraude a la Seguridad Social por bajas por enfermedad y desempleo en mercadillos ambulantes de Córdoba.

En la respuesta del Ejecutivo se indica que durante el año 2012 se llevo a cabo una actuación inspectora relacionada con un posible fraude a la Seguridad Social en la actividad de venta ambulante en la provincia de Córdoba y que los resultados de esta investigación fueron que el fraude total en prestaciones de Seguridad Social ascendió a 1.357.780 euros, de los cuales 1.217.240 euros corresponden a prestaciones por desempleo y 140.539,65 a prestaciones por maternidad. El número total de trabajadores afectados fue de 373.

Según la contestación del Gobierno, el fraude consistía en la simulación de una relación laboral entre vendedores ambulantes y dos cooperativas de trabajo asociado, a través de las cuales se les daba de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a cambio de supuestos salarios en forma de comisiones, cuya finalidad era eludir la obligatoriedad de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y en la mayoría de los casos la obtención fraudulenta de prestaciones de Seguridad Social.

Este vínculo laboral carecía de las notas esenciales de una relación laboral, puesto que los vendedores ambulantes continuaban llevando a cabo su actividad en las mismas condiciones que antes de ser contratados por la cooperativa, asumiendo el riesgo de las operaciones, no existiendo, en definitiva, las notas de ajenidad, dependencia y carácter personalísimo que presiden cualquier relación laboral.

Según el Gobierno, los autores de dicho fraude eran los miembros de los órganos de gobierno de las cooperativas y los trabajadores que utilizaron el referido vínculo laboral con la finalidad de obtener prestaciones.

Por lo que afecta al estado de la investigación, en su día estos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal, respecto de los que se acordó la apertura de diligencias previas. En el momento actual el procedimiento administrativo se encuentra consecuentemente suspendido, mientras que la investigación penal se encuentra en fase de instrucción judicial.