Los representantes de Comisiones Obreras y UGT han reclamado este martes "compromiso" a la Junta de Castilla y León y a las entidades bancarias que son acreedoras de la empresa San Cayetano, instalada en Aldeamayor de San Martín (Valladolid), para aceptar el convenio concursal que proponen los propietarios y la empresa valenciana Rafael Hinojosa, que permitiría salvar los 211 puestos de trabajo existentes.

El responsable de Acción Sindical de UGT, Evelio Angulo, el representante de CCOO, César Aranda, y el presidente del Comité de Empresa de San Cayetano, José Ignacio Gutiérrez, han ofrecido este martes una rueda de prensa en Valladolid antes de la celebración de la Junta de acreedores, prevista inicialmente para este viernes, 12 de junio.

Los sindicatos han dejado clara su apuesta por la propuesta de convenio presentada por la propiedad actual —el accionista mayoritario es Francisco Esgueva— y el grupo valenciano Rafael Hinojosa, que aportaría una cifra cercana a los 25 millones de euros, según los representantes de los trabajadores, para abonar las deudas pendientes previa quita y aportar 8 millones de euros para circulante.

Angulo ha recalcado que el convenio les "convence" porque mantiene los 211 puestos de trabajo que tiene la factoría de Aldeamayor, de los cuales 208 son de carácter indefinido, algo "muy importante" en una situación del mercado laboral como la actual. Además, ha incidido en que la propuesta tiene "proyecto industrial detrás" para una compañía que según las estimaciones de los sindicatos podría facturar unos 20 millones de euros este año.

El convenio afectaría a un total de 41,5 millones de euros de deuda, de las cuales 19,2 proceden de crédito privilegiado y 22,3 a crédito ordinario. La propuesta de los propietarios y del Grupo Hinojosa implicaría quitas del 55 por ciento de la deuda en el caso del ordinario y del 45 por ciento en el privilegiado.

A este respecto, César Aranda ha añadido que la empresa está en condiciones de continuar su trabajo porque "no está para nada obsoleta" sino que considera que "puede ser líder en su sector" gracias a la tecnología punta de la que se ha dotado en los últimos años. Sin embargo, a juicio del representante de CCOO, fue la inversión en I+D+i la que "estranguló" a la compañía en términos de deuda.

Evelio Angulo ha apuntado que los principales acreedores son la ADE, organismo dependiente de la Junta, con 5,8 millones de euros; y las entidades financieras Banco Popular, BBVA, Cajamar, Caixabank, Santander, Bankia, Sabadell y Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (Ceiss), que suman unos 13 millones de euros.

Por ello, ha llamado la atención sobre que estas entidades, con su negativa a aceptar las quitas que propone el convenio, por lo que ha reclamado al Gobierno regional un "compromiso" con la sociedad, por la importancia que tienen este tipo de compañías instaladas en el medio rural de la Comunidad.

Una decisión "rápida"

Además, ha reclamado que la Junta "agilice la toma de una decisión antes del día 12" y ha manifestado su deseo de que sea "rápida y positiva", si bien ha reconocido la complicación que supone que aún no esté cerrado el Gobierno regional para la próxima legislatura.

En todo caso, los representantes sindicales han incidido en mostrar su confianza en el respaldo que ofrece el Grupo Hinojosa que, como ha explicado el presidente del Comité de Empresa, apoya económicamente ya desde hace unos meses a la factoría para que haya podido continuar con su trabajo desde que declaró el concurso de acreedores en octubre de 2014.

Además, han insistido en que Hinojosa tiene "la capacidad financiera e industrial" necesarias para que la factoría pueda ser viable en el futuro, pues la compañía del sector de envases y embalajes cuenta con "nueve o diez" fábricas en la zona de Levante con unos "600 ó 700 empleos".

"No es lo mismo eso que plantear una liquidación", ha advertido Angulo, que ha recordado que esa sería la otra opción si la Junta de acreedores no acepta el convenio propuesto u otro que pudiera llegar con posterioridad. Esta situación, a su juicio, implicaría la venta de la factoría "como chatarra" y que los inversores y acreedores tuvieran "muy difícil" recuperar parte de las deudas que reclaman.

De hecho, ha advertido de que una empresa del sector del papel que "se deslocalizó de la provincia hace unos cuatro años" trata de "poner palos en las ruedas" para que San Cayetano se liquide. Además, ha aseverado que la compañía instalada de Aldeamayor llegó a integrar en su plantilla a "40 trabajadores" procedentes de la planta de la empresa que cerró.