Después de que la Junta de Andalucía autorizase en 2014 la prórroga de 30 años solicitada por la compañía Sierra de Morón S.A. (Sidemosa), para continuar explotando como cantera la sierra de Esparteros, en Morón de la Frontera (Sevilla), elevando además a 20 hectáreas la superficie de este yacimiento de piedra caliza, un Juzgado de Instrucción ha incoado "diligencias previas" merced a la querella promovida al respecto por Ecologistas en Acción, según dicho colectivo.

La querella se dirige, según Ecologistas en Acción, contra el alcalde electo de Morón, Juan Manuel Rodríguez (PSOE), contra Salvador Camacho Lucena, secretario general de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; y contra otros tres funcionarios del Ayuntamiento de Morón y de la referida Delegación, a quienes se les atribuye posibles delitos de prevaricación ambiental y contra la ordenación del territorio, por su papel en los hechos.

En concreto, fue allá por 1985 cuando las autoridades aprobaron esta concesión administrativa para que la empresa Sidemosa explotase cuatro cuadrículas mineras en este espacio de la Sierra de Esparteros, toda vez que en 1996 la superficie de la explotación fue ampliada a nueve cuadrículas mineras.

La cantera de la sierra de morón

Pero después, Sidemosa solicitó una prórroga de la concesión administrativa ante la expiración de la misma. La prórroga cuenta con una declaración de impacto ambiental que declara "viable" la continuidad de las labores de extracción, estipulando eso sí toda una serie de condiciones. "El proyecto de prórroga supone una superficie de actuación superior a la del proyecto original (...), si bien las labores mineras proyectadas suponen una continuidad del mismo dentro del perímetro del Plan de Restauración aprobado en fecha 19 de octubre de 2002", figura en la declaración de impacto ambiental, recogida por Europa Press.

El pasado 19 de febrero de 2014, según una comparecencia parlamentaria de la ahora consejera en funciones de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo "dictó resolución favorable otorgando una prórroga del periodo de vigencia de la concesión de la explotación", extremo que despertó no pocas protestas entre los colectivos ecologistas. La consejera, en ese sentido, defendía que la concesión administrativa cuenta con "medidas compensatorias para la zona de monte".

La consejera explicaba que a través de esta prórroga, y por motivos de seguridad", la superficie del yacimiento pasa de las 19,5 hectáreas actuales a un total de 20 hectáreas. "Lógicamente, el trámite de evaluación de impacto ambiental contempla medidas compensatorias para esta zona de monte. La actividad se centra en finalizar la explotación sobre los bancos actuales y avanzar la extracción del recurso en profundidad, 40 metros por debajo de la actual plaza de cantera", explicaba la consejera esgrimiendo la obligatoriedad de acometer "labores de restauración de manera simultánea a las labores de extracción".

Posible "trato de favor"

Ecologistas en Acción, no obstante, avisaba en aquellos momentos de un posible "trato de favor" hacia Sidemosa en la declaración de impacto ambiental, pues la misma omitiría "las especies de fauna que se verán afectadas gravemente en caso de que se reabra la cantera" y no incluiría ningún "informe geológico o hidrológico independiente sobre el acuífero que hay bajo de la cantera, tomando como válido el presentado por la empresa", entre otros aspectos.

Además, Ecologistas en Acción expone que esta prórroga ha sido autorizada merced a "una legislación ambiental de 1994 derogada desde enero de 2008" y pese a que "la legislación urbanística vigente en Morón prohíbe de manera taxativa las actividades extractivas en la Sierra de Morón, dada su clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial Protección y Conservación Prioritaria".

Precisamente sobre este aspecto, la protección de este espacio como Suelo No Urbanizable de Especial Protección y Conservación Prioritaria, versa la querella tramitada por un juzgado de Instrucción, toda vez que todos los querellados, según Ecologistas en Acción, "han omitido a sabiendas de su injusticia la aplicación de la legalidad urbanística establecida en PGOU de Morón, vigente desde abril de 2012, que prohíbe de manera taxativa las actividades extractivas en el suelo donde se ubica la cantera". Ecologistas en Acción, además, promueve al respecto un litigio por la Vía Contencioso Administrativa.