El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ha condenado a dos años de cárcel al ganadero de Valdeolea que repartió cebos envenenados por distintos puntos de la zona, que provocaron la muerte de una treintena de animales, entre ellos once milanos reales, especie en peligro de extinción.

Además, la jueza ha impuesto a J.L.V.G. una indemnización de 188.77 euros al Gobierno de Cantabria, así como el pago de las costas procesales.

Según la sentencia, difundida este lunes, el acusado es responsable de un delito continuado contra la fauna, y se le ha impuesto también la pena de inhabilitación especial para la profesión de ganadero o cualquier otra relacionada con la ganadería por el plazo de dos años, así como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar durante cuatro años.

De acuerdo con el fallo, que no es firme, toda vez que cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Cantabria en el plazo de 10 días, J.L.V.G., debido al incremento de episodios de ataque del lobo, ideó y ejecutó materialmente, en su condición de ganadero y explotador directo de varios pastos de los que disponía para potros y vacas -en Valdeolea, en el pueblo de Las Quintanillas, y en Castrillo del Haya- una serie de actuaciones tendentes a hacer desaparecer la predacción que el lobo ibérico mantenía sobre su explotación ganadera.

Así, procedió a distribuir por las fincas, y en sucesivas ocasiones, en fechas próximas al 24 de diciembre de 2011 y al 19 de enero de 2012, diversos cebos cárnicos, impregnados en una sustancia tóxica y venenosa letal para la fauna (Aldicarb), "idónea para provocar la muerte de cualquier animal que la ingiera", con el objetivo de dar muerte al lobo que afectaba a sus animales.

En concreto, según la sentencia, es un compuesto neurotóxico de acción muy rápida capaz de provocar la muerte de un animal a los pocos minutos tras la exposición (5-30 minutos). Se trata de un plaguicida de uso agrícola que se había comercializado en España hasta su prohibición parcial en el año 2003 y total en 2007, y que resulta "letal" para la fauna por su simple ingestión, inhabilitación o contacto.

Y por las características de los cebos y su forma de colocación, no tenían ningún carácter selectivo ni consideración a las especies que pudieran afectar, constituyendo un "gravísimo riesgo para la biodiversidad".

Así, el ganadero provocó la muerte por intoxicación aguda y debido a cinco cebos previamente colocados sobre el medio natural a al menos cinco perros, un gato, tres zorros, cuatro buitres leonados -especie de especial protección- y once milanos reales -especie en peligro de extinción, tanto a nivel regional como nacional-.

Consciente de la peligrosidad del producto tóxico que estaba manipulando, J.L.V.G. actuó protegiéndose las manos con guantes de nitrilo, siendo un par de ellos localizados en la zona por técnicos auxiliares del medio natural.

Por todo lo anterior, el acusado ha sido condenado por un delito continuado contra la fauna a la pena de dos años de cárcel -la misma pena solicitada por la Fiscalía- y a indemnizar con 118.770 euros al Gobierno de Cantabria.

El Ejecutivo autonómico se personó en la causa contra el ganadero, en la que la organización conservacionista SEO-Birdlife ejerció la acusación particular. Esta asociación pedía dos años y medio de cárcel, cinco de inhabilitación para la caza y para la profesión de ganadero, y una indemnización de 222.000 euros para la Administración regional.