El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha afirmado este miércoles que los terrenos de la antigua cartel de Fátima, en la capital cordobesa son "un claro ejemplo de abandono" por parte del Gobierno de la Nación, que sigue siendo el propietario de los mismos.

Hurtado, según ha informado en un comunicado, ha llegado a esta conclusión a tener de la respuesta que ha dado a sus preguntas el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy, sobre los terrenos de la antigua cárcel, en cuanto a su enajenación o venta, también sobre el terreno cedido al Ayuntamiento y sobre el fin de la operación.

A este respecto y tras la contestación del Gobierno, el diputado socialista ha señalado que, transcurridos 15 años desde el cierre de la antigua prisión, "los equipamientos siguen sin ponerse en funcionamiento, las zonas verdes en proyecto y los terrenos de Fátima no encuentran comprador y siguen pendientes de urbanizar".

El inmueble es propiedad de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, que es el órgano encargado de su gestión y, según la respuesta del Gobierno, el proyecto de reparcelación de los terrenos de la antigua cárcel de Córdoba fue aprobado definitivamente el 19 de marzo de 2009, estando aún pendiente de ejecutar la urbanización de los mismos.

En cuanto a las previsiones de una posible enajenación del inmueble, indica el Ejecutivo en la respuesta que "ésta dependerá de la recuperación del mercado inmobiliario, ya que hasta la fecha no se ha interesado ninguna empresa o particular en la compra de los mismos".

El Ayuntamiento de Córdoba, fruto de las cesiones obligatorias, ya es propietario de dos parcelas para viviendas de protección oficial y de otras dos parcelas cuyo uso previsto es el de equipamiento comunitario. También figura otra parcela destinada a vial y otra que tiene por finalidad los espacios libres.

Para el diputado socialista, "todas las actuaciones están bloqueadas, lo que es sintomático de un preocupante abandono, que perjudica al barrio de Fátima y a toda la ciudad", sobre todo porque el Gobierno también indica en la respuesta que "la operación resultante del convenio tripartito formalizado el 1 de julio de 2002 se entiende finalizada".