El Juzgado de Instrucción 5 de Manresa (Barcelona) ha citado a declarar como imputados a dos directivos de la empresa minera Iberpotash y a tres cargos del Govern por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Según el auto de incoación de la querella presentada por la CUP, recogido por Europa Press, los imputados son el consejero delegado de la empresa minera Iberpotash, José Antonio Martínez; el director general de medio ambiente de esta empresa, Lluís Fàbrega; el secretario de Medio Ambiente de la Generalitat, Enric Llebot; la directora general de Calidad Ambiental, Assumpta Farran, y el director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Jordi Agustí.

El juzgado considera que, según recoge la querella, de la actividad minera desarrollada por Iberpotash en la comarca del Bages "podría desprenderse una posible afectación medioambiental provocada por filtraciones de residuos salinos en aguas de dominio público derivadas de la actividad extractiva".

El auto recoge que estas filtraciones pueden ser "causantes de una posible afectación negativa en los distintos ecosistemas y recursos hídricos próximos", de lo que además responsabiliza indiciariamente a la empresa Iberpotash directamente.

El juzgado argumenta que también puede haberse producido un delito de prevaricación ambiental por parte de los tres cargos públicos por una "posible concesión de licencias ilegales, así como por la hipotética realización de informes favorables a su concesión aún a sabiendas de incurrir en una posible vulneración de normativa administrativa".

Además, cree que se pudo haber permitido la continuación de la actividad minera de Iberpotash "sin que supuestamente la mercantil superara algunos de los trámites y controles administrativos exigidos por la administración".

Para ello, cita a declarar a los imputados el 29 de septiembre, y pide a la Conselleria de Territorio y a la ACA que aporten documentación acreditativa de su actividad requerida en la querella de la CUP, además de designar a los Agentes Rurales como cuerpo para hacer la toma de muestras y análisis.

La investigación parte de una querella presentada por la CUP, que ahora deberá aportar en 15 días una fianza de 3.000 euros para poder ejercer la acción popular en esta causa.