El Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto (Valencia) ha dejado en libertad con cargos al empresario y presidente de Avialsa, Vicente Huerta, y a otro arrestado en la investigación abierta por supuestos favores del ya exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, a una empresa contratista, con cuyo presidente coincidió en cacerías. No obstante, en la causa se investigan también actuaciones urbanísticas y otros contratos más allá de Avialsa, según ha podido saber Europa Press.

Este sábado han pasado a disposición judicial dos de los nueve arrestados que quedaban pendientes de pasar por el juzgado en este procedimiento —Huerta y otra persona—, así como otra persona imputada que cumple condena por otra causa distinta en la cárcel de Soto del Real.

Tras ello, la jueza ha dejado a los dos arrestados en libertad provisional con cargos, les ha retirado el pasaporte y les ha prohibido salir del territorio nacional. El imputado ha regresado a la cárcel de Soto del Real, y ante un posible tercer grado, se le han impuesto las mismas medidas cautelares.

El único detenido que ha querido declarar ante la jueza ha sido Vicente Huerta, puesto que el resto, entre ellos, Serafín Castellano, quien pasó ayer a disposición judicial, se han acogido a su derecho a no declarar. Huerta, al parecer, se ha defendido de las acusaciones que pesan contra él, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa. Su letrado ha asegurado que este caso surge a raíz de una "venganza" del exgerente de Avialsa, Francisco Alandí, contra el que hay interpuesta una querella por un delito continuado de estafa.

A todos los imputados en este procedimiento se les ha fijado por tanto las mismas medidas: libertad provisional, retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias judiciales cuando sean requeridos.

A los detenidos se les atribuye, en distintos grados, los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo, según han concretado fuentes del tribunal valenciano.

Arresto de castellano

Castellano fue detenido a primera hora de ayer, en su domicilio ubicado en la localidad valenciana de Benisanó, y tras siete horas de registro, fue trasladado hasta Comisaría. Por la tarde pasó a disposición judicial, en unos juzgados a los que llegó esposado, con camisa, sin gafas y abatido.

Tras a penas media hora ante la jueza, Castellano, que fue cesado como delegado tras salir a la luz la noticia de su detención y suspendido de militancia del PPCV, quedó en libertad provisional con cargos. A su salida le esperaba un vehículo particular, al que se subió mientras escuchaba a vecinos abucheándole.

Junto a Castellano, otro de los arrestados este viernes fue el alcalde de Quartell, Francisco Huguet (PP), también empleado de Avialsa, por supuestamente haber entregado dinero al exconseller para ir de caza; y un exconcejal del PP en esta localidad, Emilio Máñez. Ambos quedaron así mismo en libertad, y a su salida del juzgado, el primer edil lamentó el daño que le habían causado a su imagen. Otro de los arrestados este viernes fue José Miguel Taroncher, quien recibió adjudicaciones de Castellano en las Consellerias de Sanidad y Gobernación.

En total, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) practicaron ayer, por orden judicial, un total de 13 registros, todos ellos en la provincia de Valencia. Los agentes también se personaron en el Ayuntamiento de Alfara de Algimia para recabar datos sobre un PAI posiblemente irregular.

Con las tres declaraciones judiciales de este sábado, quedaría por el momento completada la operación y el despliegue policial, a expensas de que se siga instruyendo el procedimiento y se analice toda la documentación intervenida en los registros domiciliarios, en la empresa Avialsa y en diferentes consellerias de la Generalitat.

La causa

La causa se origina a raíz de una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa, Francisco Alandí, en 2013, ante el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana, en la que ya advirtió de una "actuación maliciosa" e, incluso, delictiva, por parte de miembros del Patronato de la Fundación Medioambiental Huerta de la Comunitat Valenciana, dirigida por el empresario Vicente Huerta. En esta denuncia, Alandí aludía a supuestas facturas falsas y a cacerías con altos cargos del Gobierno valenciano.

Seguidamente, el pasado año, Alandí presentó una denuncia en Fiscalía Anticorrupción de Madrid, en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano —quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV— a Avialsa por la extinción de incendios.

Desde Madrid se remitieron las actuaciones a Valencia, y el fiscal anticorrupción encargado del caso, Vicente Torres, tras meses de investigación, decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito.

En concreto, el grueso de la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.

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