Más de 200 empresas y autónomos están adheridos a la Oficina de Intermediación de Pagos, un órgano puesto en marcha por la Diputación de Jaén con el objetivo de garantizar que las empresas que realizan trabajos con esta Administración cumplan puntualmente con los pagos a aquellas entidades que subcontraten para la ejecución de los mismos, así como con sus trabajadores.

"Se trata de un instrumento que llevamos dos años impulsando y que permite tener una herramienta de intermediación con las empresas cuando existe algún conflicto con los empleados o con algún proveedor, además de dotar de estabilidad y credibilidad a estas empresas con respecto a las contrataciones que mantienen con la Diputación", ha explicado este viernes en una nota el diputado de Infraestructuras Municipales en funciones, José Castro.

Del total de las empresas que están adheridas a esta oficina, el 75 por ciento están radicadas en la provincia de Jaén y el 90 por ciento pertenecen a la comunidad autónoma andaluza. Entre ellas, se encuentran no sólo constructoras, sino también dedicadas a la automoción, el papel o la fotografía, así como de distintos sectores con los que la Diputación tiene contacto comercial.

Cerca del 50 por ciento de las firmas se dedican al sector de la construcción, aunque también un porcentaje importante pertenecen a las instalaciones de seguridad y electricidad y a la provisión de distintos suministros y servicios, en un 12,5 y un 15 por ciento respectivamente. Asimismo, otro diez por ciento de las empresas centra su actividad en la consultoría y la asistencia técnica.

Las empresas adheridas a esta oficina se acogen al Código de Buenas Prácticas de la misma, que establece, entre otras medidas, la obligación de que el contratista facilite información sobre la oficina de intermediación a sus trabajadores, subcontratas y proveedores, o que presente antes de la finalización del contrato la relación de pagos pendientes a los mismos.

"El objetivo es que aquellas empresas que trabajan con la Administración provincial estén adheridas a esta oficina y, por tanto, a este código", ha apuntado Castro. Además, con este código las empresas manifiestan su disposición a la intermediación para solucionar conflictos que puedan surgir en materia de pagos, lo que permite evitar también su judicialización.