La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) lamenta cómo el poder judicial "vuelve a ponerse del lado" de las entidades bancarias, frente a las demandas de una población que "sufre una situación de emergencia social y habitacional", toda vez que pide a la Junta que ponga en funcionamiento "de forma urgente" el Registro de viviendas deshabitadas y se apruebe y ejecute el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2014-20193, así como el resto de medidas que recoge el Decreto-ley.

Así se ha expresado la organización ante la sentencia del Tribunal Constitucional que ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda al considerar que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica".

Ante esta sentencia, la Apdha considera a través de un comunicado que el Decreto que sacó el Gobierno andaluz ante la gravedad de la situación con relación al acceso y permanencia en la vivienda, ante las presiones de los movimientos sociales por la vivienda y la propuesta de la "declaración del estado de emergencia habitacional" que se le presentó a la Consejería de Vivienda por parte del Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda (MDVA), era, "aun careciendo de muchos aspectos básicos para afrontar dicha emergencia, un paso adelante en la buena dirección".

Igualmente, señala que el Gobierno central "entiende que con sus leyes de suspensión de lanzamientos derivados de las ejecuciones hipotecarias y de la constitución de Fondo Social de vivienda, administrado por cada banco, ya ha dado respuesta a la situación de emergencia habitacional", y, añade, "no quiere darse cuenta de que esta medida solo ayuda parcialmente a las familias en riesgo de exclusión social que cumplan los extenuantes requisitos establecidos y que han de soportar las trabas que les ponen los bancos para su aceptación".

Además, "no incluye a deudores hipotecarios, a inquilinos que no pueden pagar su renta ni a familias sin techo. Para ellos el Gobierno no ofrece solución alguna. Y son miles de familias las que no pueden acceder al derecho a la vivienda", apunta.

De este modo, la Apdha indica que el TC "hace prevalecer el derecho de propiedad de los grandes tenedores de bienes inmobiliarios, frente al derecho a la vivienda de miles de familias sin techo, en infraviviendas o hacinadas, cuando el Decreto-ley no cuestiona ese derecho", y "sólo habla de expropiación temporal con indemnización económica de las viviendas deshabitadas propiedad de los bancos, buscando desmotivar la especulación y abaratar los precios de los alquileres para las personas más necesitadas".

Igualmente, la asociación lamenta que "se hace prevalecer la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito frente al derecho de una vida digna para las personas", porque, a su juicio, "sigue funcionando la lógica de que lo que importa es el rescate de los bancos y no afrontar las consecuencias de la crisis-estafa en las personas".

Del mismo modo, la Apdha apunta que hace referencia a que el "Sareb sea capaz en los próximos años de vender los inmuebles adjudicados a un precio próximo al razonable de adquisición" cuando "es público y notorio que ha vendido miles de propiedades a los fondos buitre a menos del 30% de su valor de mercado. Con fondos del Estado y anteponiéndolo a los derechos de la gente", critica.

A la Apdha ve también "inadmisible" la, según apunta, "preocupación" del TC con relación a que el Decreto-ley "discrimina" a las entidades financieras o a sus filiales inmobiliarias frente a otros grandes propietarios, "olvidando que los primeros discriminados y abandonados son la gente que está sufriendo en sus propias carnes una crisis-estafa que no han causado".

Por tanto, y dado que sigue vigente, Apdha exige a la Junta de Andalucía que se proceda "de forma urgente" a poner en funcionamiento el Registro de viviendas deshabitadas y se apruebe y ejecute el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2014-20193; así como el resto de medidas que recoge el Decreto-ley, "en la línea de garantizar el derecho a la vivienda para todas las personas".

"Desde Apdha seguimos exigiendo que, por parte de las distintas administraciones, se den soluciones reales para que no se siga violando, de forma sistemática, el derecho humano a la vivienda", concluye la organización en su comunicado.