La consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, ha acusado al Gobierno central de "amenazar a la Junta" con retirar los fondos estatales de otras ayudas, en concreto la orden de ayudas al alquiler para personas inquilinas en situación de especial vulnerabilidad, publicada en agosto de 2014 y pendiente de resolución, si el Gobierno andaluz no modifica la orden de incentivos para ayudar a familias con escasos recursos económicos a afrontar el pago del alquiler de una vivienda, publicada en marzo de 2015.

El Gobierno central envió a la Junta un requerimiento por el que se solicitaba cambios en la orden de ayudas al alquiler, dirigido a familias desfavorecidas, y el Ejecutivo central les daba un mes para realizar dichos cambios "o de lo contrario anuncian que irán a la vía contencioso administrativa". Posteriormente se convocó una reunión de la comisión bilateral, celebrada el pasado martes.

Serrano ha indicado que durante la comisión bilateral Gobierno-Junta, celebrada el pasado martes, 26 de mayo, el Gobierno central "lejos de encontrar entendimiento, nos hemos visto sorprendidos por una actitud amenazante del Gobierno, que se ha enrocado en una posición inmóvil e incluso ha amenazado con ir más allá y aplicar estos mismos argumentos y recortes a la orden de ayudas al alquiler para personas inquilinas en situación de especial vulnerabilidad".

Ante esta situación, la Junta y sus servicios jurídicos "está estudiando alternativas que beneficien a las personas, esa es nuestra prioridad", sin descartar efectuar modificaciones o incluso asumir el coste de esta orden de ayudas de incentivos para ayudar a familias con escasos recursos económicos a afrontar el pago del alquiler de una vivienda. Dicha orden se nutre únicamente de fondos estatales, según ha indicado Serrano.

Ha explicado que en el momento en que se presente el contencioso administrativo "los fondos quedarían bloqueados y paralizados a la espera de que el tribunal contencioso se pronuncie, algo que puede tardar años, por lo que perjudicará a los más desfavorecidos y a los que más lo necesitan".

No obstante, antes de que acabe el plazo para la presentación del contencioso y hasta que se halle una alternativa para evitar esa paralización de ayudas, la Consejería "va a seguir resolviendo expedientes", además de "hallar una solución que beneficie a las personas".

Ha precisado Serrano que la reclamación previa se presentó el 6 de mayo, por lo que el 6 de junio cumple el plazo para acudir el contencioso administrativo. La consejera ha indicado que se está contactando con todas las asociaciones y colectivos de diferentes provincias "para explicarles la situación en la que estamos". Ha agregado que muchos colectivos "además se quejan de que los fondos de esa orden no son suficientes".

"Si solicitamos la convocatoria de la comisión bilateral es porque confiábamos en alcanzar un acuerdo, en escuchar y ser escuchados y en aflorar decisiones conciliadoras, pero lo único que hemos encontrado es la amenaza y una falta de sensibilidad", ha criticado la consejera, que ha denunciando que "el Gobierno central "está continuamente poniendo trabas a cada medida que iniciamos en Andalucía para defender los derechos de los ciudadanos".

Por ello, ha exigido al Gobierno central que "deje de boicotear las políticas que hemos emprendido en nuestra comunidad para garantizar el cumplimiento de los derechos de las familias", ha subrayado la consejera, que ha querido aclarar al Gobierno del PP que "ceje en su empeño de bloquear cada paso que damos por el hecho de que la ciudadanía confíe en un gobierno socialista".

Lamenta que el Ejecutivo "amenace con no aportar los fondos de las órdenes de ayudas acogidas al Plan Estatal si no modificamos las condiciones recogidas en el texto normativo".

Entre esas órdenes con riesgo de paralización se encuentra la orden de ayudas al alquiler para personas inquilinas en situación de especial vulnerabilidad, publicada en agosto de 2014, con una dotación de 4,3 millones de euros, que se nutre de fondos del Gobierno central y de la Junta, que aún no se ha resuelto, pues se estaba tramitando la resolución de las mismas en función de las solicitudes recibidas, que se estaban baremando.

Esta orden de agosto que también puede ser impugnada si no se modifica la orden de marzo de 2015 iba a destinada a inquilinos de viviendas de titularidad pública de la Junta, es decir, "que se encuentran en una situación aún peor".

La orden objeto de conflicto

El pasado 3 de marzo el Gobierno andaluz publicó en el BOJA la orden de incentivos para ayudar a familias con escasos recursos económicos a afrontar el pago del alquiler de una vivienda.

Esta normativa, que se suma a las abiertas con anterioridad y destinadas, por una parte, a la subvención de rehabilitación de viviendas (13,6 millones de euros) y al alquiler para familias vulnerables (4,3 millones), cuenta con una dotación de 15 millones de euros para 2015, importe destinado a cubrir al 40 por ciento de la renta mensual, con un límite máximo de ayuda de 2.400 euros anuales por inmueble, cuyo alquiler no debe superar los 500 euros mensuales.

Serrano ha explicado que "al tratarse de una ayuda dirigida a los más vulnerables, el tope de ingresos se ha situado en los 18.600 euros netos anuales", un requisito que puede variar en función de la composición y condiciones de la unidad familiar". "Los cálculos nos hacen prever que unas 7.150 familias podrán ser beneficiarios de esta ayuda", ha añadido.

El 30 de abril finalizó el plazo para la recepción de solicitudes, que suman casi 28.000 solicitudes. A partir de ese momento, ha argumentado Serrano, la Consejería de Fomento y Vivienda inició el procedimiento administrativo para comprobar la documentación presentada, "si bien en pleno proceso, el 6 de mayo, nos vimos sorprendidos por el Gobierno central, que nos envió un requerimiento previo a un recurso contencioso administrativo exigiéndonos que modificásemos la orden bajo la amenaza de no aportar la financiación necesaria para hacer frente a las ayudas", acogidas al Plan Estatal de Vivienda.

Entre los argumentos aportados por el Estado, la consejera se ha centrado "en el que afecta al fondo de la normativa, es decir, estar al día en el pago de tributos a la Seguridad Social y Hacienda".

"El Gobierno nos advirtió que teníamos que exigir a las familias estar al corriente en los pagos, un argumento que no entendemos", ha expresado Serrano, "ya que las ayudas están dirigidas a aportar parte del alquiler a familias con escasos recursos, lo que hace prever que su situación económica es delicada".

Ha advertido de que cuando la Junta exoneró de este requisito a los solicitantes "lo hizo porque la Ley de Subvenciones públicas contempla la posibilidad de eximir a los beneficiarios de esa circunstancia, si se entiende por la naturaleza de la subvención".

"Nunca nos habían obligado a esto, y siempre en órdenes de este tipo se había permitido exceptuar que no estuvieran al corriente de los pagos de la Seguridad Social y de las obligaciones tributarias, por lo que resulta y alarmante y curioso que cuando está peor la situación, les obliguen a estar al corriente de esos pagos", se lamenta Serrano.

La consejera ha recordado que existen precedentes en otras normativas aprobadas en Andalucía que eximen a los beneficiarios de dicha exigencia, "razones que nos llevaron a solicitar al Gobierno la convocatoria de la comisión bilateral, precisamente para explicar, coordinar y mantener un diálogo abierto entre ambas administraciones".

La consejera ha dejado claro que la Junta "no quiere discrepancias ni luchas entre administraciones, ni anteponer intereses partidistas por encima de los ciudadanos", sino que pide "lealtad institucional y sensibilidad hacia los más desfavorecidos".