La Fiscalía de Sevilla ha solicitado un año de cárcel y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público para el que fuera alcalde de Cantillana entre los años 1995 y 2011, José Eduardo Reina (PSOE), por legalizar en el año 2009 una casa de aperos construida en suelo no urbanizable de una finca rústica pese a la "claridad" de los informes en contra de la arquitecta municipal.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público también solicita la misma pena, por un delito contra la ordenación del territorio por prevaricación urbanística, para cuatro concejales que, en 2009, formaban parte de la Junta de Gobierno Local que concedió la licencia, como son Antonio Maqueda Ruiz, Manuel Naranjo Barrera, José María de la Hera Sánchez y Natividad Pastora Sánchez Palma.

La Fiscalía relata que, el 1 de julio de 2009, la dueña de una finca rústica ubicada en el paraje de 'El Chorrito' solicitó licencia para legalizar la obra para una casa de aperos, aportando para ello un plano de situación de la nave de aperos firmado por dos arquitectos, donde además se apreciaba que la edificación estaba ya hecha y que los trabajos pendientes eran de enfoscado y pintura.

Según el Ministerio Público, a los acusados ya les constaba un informe de la arquitecta municipal de fecha 15 de junio de 2009 en el que se les indicaba que el suelo era no urbanizable, que la superficie de la parcela era inferior a la superficie mínima para llevar a cabo cualquier construcción y que no sería posible la legalización de lo solicitado.

Construcción realizada sin autorización

La arquitecta añadía, además, que había inspeccionado la finca comprobando que la construcción estaba hecha sin autorización, por lo que no era favorable a la licencia, lo que indicaba "claramente", según la Fiscalía.

Pese a la "claridad" del informe, la Junta de Gobierno, formada por todos los acusados, no la denegó, sino que acordó dejarlo sobre la mesa hasta que se aclarara la situación real de la edificación, tras lo que, "sin justificación alguna", pidieron un nuevo informe a la arquitecta municipal, que el 3 de septiembre de 2009 volvió a informarles de que la obra no era legalizable, "respondiendo con claridad a las alegaciones de la solicitante de la licencia" al tiempo que "expresamente repetía que su dictamen era no favorable a dicha licencia".

Sin embargo, "y por razones que se desconocen", los acusados, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local, requirieron el 4 de septiembre de 2009 a la arquitecta para que visitara otra vez el lugar de la construcción, lo fotografiara y señalara su uso, por lo que la técnico municipal se personó el 29 de septiembre otra vez en la finca, informó de que era un cuarto trastero para útiles de la finca, valorando los gastos de saneamiento y el de legalización, "pero sin cambiar el criterio claramente informado en los dos informes precedentes".

"ARBITRARIEDAD"

No obstante la "claridad" de los dos informes técnicos anteriores advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia para legalizar "algo incompatible" con la ley, la Junta de Gobierno Local, "sin justificar mínimamente por qué se apartaba del claro criterio técnico y de las normas subsidiarias de planeamiento", concedió la licencia en sesión extraordinaria de 30 de octubre de 2009 con el voto favorable de todos los acusados.

Según la Fiscalía, todos los imputados eran "conscientes de la arbitrariedad de su decisión de legalizar una construcción radicalmente incompatible con la normativa vigente".