Cerca de un centenar de trabajadores de Correos se ha manifestado por el centro de Valladolid para reclamar la negociación del convenio colectivo que aseguran que está "estancado" desde hace año y medio con una situación además agravada por la amortización de puestos de trabajo y la negativa a contratar a personal eventual para cubrir vacaciones o bajas.

Ante esta situación, los trabajadores estaban convocados a una huelga —por los sindicatos UGT, CCOO, CSI-F y Sindicato Libre— a lo largo de este viernes, que ha tenido un seguimiento de aproximadamente un 80 por ciento a pesar de unos servicios mínimos "abusivos", según ha explicado Rosa González, representante de UGT que ha añadido que los ciudadanos no deberían tener quejas porque se han prestado los servicios de la empresa y no se ha visto afectado el voto por correo.

Así, los trabajadores se han concentrado a las puertas de la oficina principal de Valladolid, en la Plaza de la Rinconada, donde han reclamado un "convenio y acuerdo en correos" disfrazados de color amarillo y al son de la música. Asimismo, han pedido que paren los recortes con una gran señal de STOP que han pegado al suelo en la que se podía leer "Correos. STOP recortes", todo ello mientras portaban banderas de los sindicatos.

Gonzalo Franco, de CCOO, ha advertido que de cara a las elecciones generales volverán a plantear protestas ante una situación en la que esperan una respuesta del Gobierno para hablar del convenio y de "empleo", al tiempo que ha criticado que en Castilla y León —donde hay más de 2.000 empleados, unos 700 en Valladolid— se hayan perdido más de 700 puestos de trabajo por la amortización de jubilaciones y otros tantos por la no contratación de trabajadores eventuales para cubrir bajas o vacaciones, por ejemplo.

Esto, según los sindicatos, supone repartir la carga de trabajo entre el resto de los empleados, que supone cubrir más calles en el reparto en el caso de las ciudades, pero que en el medio rural implica llevar el correo a más pueblos, lo que genera estrés y una pérdida de calidad de un servicio público que se presta a los ciudadanos.

Gonzalo Franco ha reiterado que quieren "hablar de empleo", pero también de aumento salarial, algo que "parece prohibido", porque llevan cinco años de congelación salarial, los sueldos se han reducido una media de un 5 por ciento y se ha perdido una paga extra.

Así, ha asegurado que no están dispuestos a estar tres o cuatro años más —duración que tendría el convenio— en esta situación, tras lo que ha recordado que están bajo la "amenaza" de la ultraactividad.