Un policía local de Mislata (Valencia) se ha querellado contra el alcalde de la localidad, Carlos Fernández Bielsa (PSPV), al que acusa de darle un "trato arbitrario" por estar afiliado al PP. Según alega en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el primer edil le suspendió de empleo y sueldo tras ser detenido por supuestas multas falsas en una causa que le fue archivada, mientras que otra compañera suya que también fue arrestada, siguió trabajando y cobrando.

Junto a este "agravio", el querellante alega que hay otros compañeros suyos de la Policía Local que se encuentran pendientes de ser juzgados por otro procedimiento distinto al de las multas y, sin embargo, éstos no han sido suspendidos de sus funciones, con lo que insiste en que ha habido contra él un "trato arbitrario".

El querellante fue detenido en febrero de 2014 junto a otros tres compañeros acusados de un delito de falsedad documental por poner multas supuestamente falsas. El primer edil suspendió de empleo a tres de ellos —uno de los cuales es el querellante—, mientras que permitió a otra agente seguir trabajando, según su versión.

A lo largo de este procedimiento, al querellante y a la agente que siguió trabajando, se les archivó la imputación al entender que no quedó suficientemente acreditada la participación de ambos en la comisión del delito denunciado, atendiendo fundamentalmente a los informes periciales caligráficos, que indicaban que no era posible dictaminar sobre la autoría de las firmas atribuidas a los dos policías. El procedimiento siguió adelante para el resto.

El agente alega en su escrito que tras la detención, "sin haber practicado ninguna diligencia de investigación en vía administrativa, y únicamente tras tener conocimiento de la imputación", se incoó un expediente contra él y se le suspendió cautelarmente de sus funciones mediante Decretos de Alcaldía.

En la querella señala que en idéntica situación procesal —imputada— que él se encontraba otra agente de Policía y, sin embargo, "ésta no fue suspendida de sus funciones mientras duró la imputación en el procedimiento penal", que fue archivado también para ella.

"perfecto conocedor"

El querellante, representado por el abogado Mario Gil, atribuye este comportamiento del alcalde contra él a que éste es "perfecto conocedor" de que es afiliado al PP, y considera que el hecho de haberle suspendido "ha tenido como principal motivo ser represaliado precisamente por esa condición política".

Según expone en su escrito, esta situación le generó una situación de "ansiedad" y "desasosiego", "como a cualquier persona suspendida de empleo y sueldo, al carecer de los ingresos que percibía con anterioridad". Ello, "junto al descrédito a nivel social y laboral", le ha obligado a recibir tratamiento médico, expone. Como consecuencia de estos hechos, el agente sufre lesiones de carácter psíquico y se encuentra de baja laboral.

El agente entiende que la decisión dictada por el alcalde "es un claro ejemplo de resolución injusta constitutiva de dos delitos de prevaricación". "Y ello por cuanto que el alcalde —ha añadido— era perfectamente conocedor, cuando dicta la resolución, de que era afiliado al PP". Por todo, pide al juez que admita su querella e incoe las oportunas diligencias de investigación.