El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, nombrado juez de enlace de Francia, ha llamado a declarar en calidad de imputados al expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach y al exdirector del Puerto de Gijón José Luis Díaz Rato para el próximo junio en el marco de la causa en la que se investiga el presunto sobrecoste de las obras de ampliación en el puerto de El Musel de la ciudad asturiana.

Menéndez Rexach será interrogado el próximo 24 de junio a las 10.00 horas, mientras que un día después comparecerá Díaz Rato a la misma hora ante el juez Eloy Velasco, que sustituye temporalmente a Gómez Bermúdez tras su nombramiento como juez de enlace y hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a su sucesor.

En una providencia dictada el pasado jueves, un día antes de su cese como juez instructor, Goméz Bermúdez citó además a nueve personas que intervinieron como gerentes de la adjudicataria unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres para que declaren en calidad de testigos el próximo 18 de junio, desde las 10.00 horas. En concreto, son Ana Isabel Dizy, Manuel Amaro, Guillermo Castañedo, Isidro Alonso, Miguel Eguiegaray, Antonio Manuel Alvargonzález, Juan Miguel Pérez, David López y Manuel García.

El Juzgado Central de Instrucción número 3 pide además a la UTE Cabo Torres, adjudicataria del contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de ampliación del puerto de Gijón, que aporte en el plazo de quince días la totalidad de informes mensuales emitidos sobre la supervisión de las "obras-control de obra, en los cuales se especificaban las cantidades de material suministrado por todas las canteras utilizadas en cada periodo mensual de la ejecución de las obras", con el apercibimiento de que si no los entrega podría incurrir en un delito de desobediencia grave.

Identificación de los responsables

Gómez Bermúdez admitió a trámite el pasado 8 de agosto una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción a fin de investigar "las actuaciones de representantes y administradores" de la unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres, que llevó a cabo el proyecto entre los años 2005 y 2011, y de los integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, gestora de las instalaciones.

Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.

La Fiscalía justificó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, al considerar que podrían tener "una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y un grave perjuicio patrimonial en la economía nacional".

"graves irregularidades y fraude"

La denuncia se judicializó después de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) remitiera en marzo de 2014 un informe en el que denunciaba "graves irregularidades e incluso fraude" en este proyecto, así como "deficiencias en los sistemas de gestión y de control por parte del beneficiario, la Autoridad del Puerto de Gijón".

Puso de relieve que en los trabajos se produjeron unos gastos extra en la compra de materiales que podrían motivar la devolución de 247,5 millones de fondos europeos. La Comisión Europea financió el proyecto con 198 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión, a los que se suman otros 49,5 que se encuentran pendientes de cobro.

El juez Gómez Bermúdez pidió a la Autoridad Portuaria de Gijón la remisión del expediente administrativo de contratación de las obras y la identidad de los miembros de este organismo y del ente público Puertos del Estado en las fechas en las que se produjeron los hechos. Asimismo, reclamó documentación sobre las relaciones que este organismo mantuvo con las empresas Hidrocantábrico y Tudela Veguín.

Petición a las empresas

La UTE que llevó a cabo este proyecto estaba formada por las empresas constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas. A estas compañías el juez reclamó los registros contables y la documentación referente a este contrato, así como los documentos que justifiquen su relación con Hidrocantábrico respecto de la cantera de Aboño y los correspondientes a las operaciones con Tudela Veguín en relación con las canteras Peña María y La Hoya-Perecil.

El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 también se dirigió a la Intervención General del Estado para que le remita los informes y resoluciones dictadas por la Comisión Europea en relación con este proyecto y designe a unos peritos que analicen el expediente administrativo de contratación.

Podemos, que forma parte del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN) que ejerce la acusación popular en la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional, ya anunció el pasado lunes que pediría la imputación de los supuestos responsables de los sobrecostes.

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