El administrador de la clínica dental de Santander acusado de estafar a clientes y huir después a México ha admitido este lunes, en el juicio iniciado contra él, que conocía la "mal llevada" contabilidad de los anteriores gestores, pero ha asegurado desconocer la "realidad económica" de la empresa que, según ha apuntado, se desprendía de los expedientes e historiales médicos de los pacientes, por tratamientos cobrados pero no realizados que había que hacer.

El hombre, F.M.C., que se enfrenta a una solicitud de cinco años de cárcel por estafar 110.000 euros a 45 clientes, ha defendido que su "única intención" era obtener liquidez para afrontar las deudas pendientes y "sanear" la clínica. Y considera también que "pecó de optimismo" ante la amenaza de embargo -que creía de carácter "preventivo" y "parcial"- por impagos a la Seguridad Social cercanos a los 100.000 euros, según ha precisado. El mismo se ejecutó por la totalidad de la clínica en febrero de 2013, viéndose "obligado" a cerrar el negocio.

"Fui tonto un tiempo", ha expresado el acusado, para explicar que no pensó que el embargo iba a ser "tan inmediato". "Yo no lo esperaba, sinceramente", ha apostillado. En este sentido, ha manifestado que era "consciente" de lo que se le "venía encima, pero en cierto sentido", ya que pensó que podría estar incurriendo en algún delito civil, pero no penal.

Asimismo, el dueño de la clínica, en prisión por estos hechos, ha aseverado que el pago por adelantado de los tratamientos de los clientes era una "práctica habitual". Además, ha negado conocer la orden de detención que pesaba sobre él, y que se materializó en México, país al que se trasladó días después del cierre de la clínica, aunque -ha indicado- tenía intención de regresar a España.

En el juicio, que ha comenzado este lunes y que proseguirá mañana, martes, en la Audiencia de Cantabria, han declarado también médicos y empleados de la clínica, que ha coincidido en que F.M.C. cogía dinero de la caja para gastos personales, aunque no "grandes sumas", así como varios pacientes, que pagaron por adelantado tratamientos que se iniciaron pero que no fueron terminados.

La sesión ha comenzado con la solicitud de suspensión de la vista por parte del abogado defensor, que ha alegado situación de indefensión por escasez de tiempo para recabar pruebas a favor o rebatir las contrarias. Pero la petición, a la que se han opuesto la Fiscalía y la Acusación, ha sido desestimada por la Sala. Así, el juicio contra F.M.C. se ha iniciado con su declaración, en la que el acusado ha explicado que desde marzo de 2012 era administrador único y dueño de una sociedad creada para explotar la clínica dental, que venía siendo gestionada por otra empresa.

Creía que el embargo era preventivo y parcial

Según ha relatado, conocía la "mal llevada" contabilidad de los anteriores gestores, pero no la "realidad económica" de la clínica, que se desprendía de historiales e informes médicos de pacientes. Ha proseguido que la Seguridad Social le avisó de un embargo "preventivo" por impago de cuotas y "parcial", "nunca total", sobre algunos bienes de la consulta; en concreto, tres de los cinco sillones y sus correspondientes equipamientos y un par de máquinas.

"Quizá pequé de optimismo" y "pensé que no sucedería" el embargo, ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que su objetivo era obtener liquidez, afrontar el pago de deudas pendientes y "sanear" la clínica. Así, "nunca" tuvo intención de cerrar, sino que se continuó ofertando presupuestos y haciendo tratamientos dentales a los clientes. De hecho, con uno de ellos, por importe cercano a los 9.000 euros y que se pagó por adelantado con el correspondiente descuento —una "práctica común", ha afirmado—, pretendía levantar el embargo preventivo, que no se levantó porque "había más deudas".

Así, aunque F.M.C. ha dicho que pagó "algo" -unos 2.000 euros- en enero de 2013 para tratar de "frenar" el proceso, el expediente siguió su curso y el embargo de la totalidad de la clínica se ejecutó el primer lunes de febrero. Esa jornada, el dueño de la clínica estaba en su casa porque no se "sentía bien", de modo que se enteró de lo ocurrido porque le avisó la recepcionista.

El acusado ha dicho que sintió "impotencia" ante el embargo, a raíz del cual dejó a "bastantes" pacientes sin atender y temió, también, sufrir algún tipo de "depresión", según ha dicho. Y tras reunirse con el personal de la clínica y proponerles el despido, el acusado se fue a Barcelona, a casa de su hija, y después a Mexico, donde residía su pareja, para tratar de buscar un empleo y donde montó un negocio. Pero tanto su hija como su pareja le recomendaron volver a España, y ésa fue su intención, así como presentarse en el juzgado a declarar, aunque fue detenido antes de volver, en el país azteca, y extraditado al nuestro.

ENTRAMADO

En el juicio también han declarado trabajadores y clientes de la clínica. Entre los primeros, ha testificado el director médico, que ha asegurado que tanto el acusado como los gestores anteriores de "cosas extrañas" y "muy raras", como si se tratase de un "entramado", además de decir "mentiras", como que pagaban a proveedores cuando en realidad éstos no cobraban.

"De esa época, no me creo nada", ha sentenciado el médico, que llevaba meses sin percibir su sueldo y estaba "ahogado" económicamente. A su juicio, los dueños y administradores de la clínica les "estuvieron mintiendo constantemente" sobre la situación de la misma. Y de las cuentas que les presentaban, ha dicho que las mismas les producían "carcajadas".

También ha censurado que mientras él, que llevaba más de diez años trabajando en la clínica "mañana, tarde y noche", no cobraba su salario, el dueño tenía gastos personales de hasta "6.000 euros al mes". A este respecto, una comercial de la clínica ha señalado que el administrador cogía dinero de la caja para "gastos personales", ajenos a la clínica, aunque solían ser "sumas pequeñas", para comidas, por ejemplo.

Esta última versión ha sido corroborada por otra trabajadora (higienista y recepcionista), que ha señalado igualmente que F.M.C. se llevaba dinero de la caja, pero "no grandes cantidades", sino en torno a 10-50 euros. Y en alguna ocasión, ha indicado además, le ordenaba hacer ingresos a la cuenta de su hija en concepto de "nómina".

Y tras el embargo, ha indicado que en la clínica se colocó el cartel de 'cerrado por reforma' mientras el dueño "desapareció". Otra recepcionista ha declarado que F.M.C. les decía, sobre la situación de la empresa, que "no pasaba nada" y que "lo iba a arreglar".

En el juicio han declarado varios pacientes que estaban siendo tratados cuando se produjo el embargo y el cierre de la clínica, y que han coincidido todos ellos en que los tratamientos habían sido pagados por adelantado y se habían iniciado, aunque no fueron terminados. Es el caso de una mujer que abonó 2.000 euros para hacerse un implante y se quedó "sin el dinero" y "con los puntos" del tratamiento sin quitar, por lo que tuvo que acudir a otros médicos.

Finalmente, ha testificado un representante de la asesoría fiscal que trabajaba con la clínica, y que ha indicado que paso de tener beneficios de 80.000 euros en 2010 a "cuantiosas" pérdidas, de más de 300.000 euros, en 2011.