El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Argoños han firmado este jueves el convenio que garantiza los derechos de los afectados de las urbanizaciones con sentencia de derribo, Las Llamas II y Pueblo de Mar, y articula el reparto, "al 50%", de las obligaciones de cada una de las administraciones.

El convenio articula las relaciones internas de liquidación de deuda que, como responsables solidarios frente a terceros, deben asumir ambas administraciones para la ejecución de las sentencias, ambas del año 1998.

El convenio articula, por un lado, el esquema básico del modo de proceder del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, y el Ayuntamiento de Argoños, para la ejecución de la sentencia que lleva a aparejada orden de demolición de las 78 viviendas de la urbanización Pueblo de Mar y las 22 viviendas de Las Llamas II.

Es decir, el reparto al 50% de las obligaciones a ejecutar por cada una de las Administraciones con el fin de cumplir con su obligación solidaria de responsabilidad frente a terceros, según informa el Gobierno regional en nota de prensa.

Por otro lado, también regula el modo de liquidar las cantidades en que la Administración autonómica y el Ayuntamiento de Argoños incurran como responsables solidarios frente a terceros en la ejecución de la sentencia que lleva aparejada la orden de demolición de estas viviendas.