El exfuncionario del Ayuntamiento de Palma detenido este martes en el marco de la causa que indaga la presunta trama de corrupción en la Policía Local urdida en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores, entre otras conductas ilícitas, ha pasado esta tarde a disposición del Juzgado de Instrucción número 10, en funciones de guardia.

Así lo han informado fuentes judiciales a Europa Press, que han precisado que el arrestado se encuentra por el momento en los calabozos a la espera de ser interrogado por la jueza.

En concreto, hasta 34 agentes se encuentran imputados en el marco del caso que instruye el Juzgado de Instrucción número 12 de la capital balear. Unos hechos por los que, además, han sido encausados el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, así como el comisario jefe de la Policía Local, Juan Mut, por supuestos delitos de coacciones y prevaricación en su intento de obstruir las investigaciones.

Cabe recordar, además, que el Juzgado de Instrucción número 12 abrió en 2013 una investigación en torno a la presunta manipulación en las oposiciones a oficial llevadas a cabo un año antes en el cuerpo policial y que llevó al Instituto Armado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias de la Policía Local.

A raíz de este supuesto amaño de exámenes está imputado el exintendente jefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera, quien negó en su día haber sido él quien filtró las preguntas de las pruebas, y negó haber promocionado nunca dentro de la Policía a ningún agente adscrito a alguna ideología u organización en concreto.

Mientras tanto, en relación a las supuestas extorsiones fueron detenidos el pasado mes de enero ocho agentes de la Policía Local por distintas conductas ilegales, mientras que ya antes habían sido arrestados el inspector jefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, y otros dos mandos del cuerpo. La jueza decretó para los tres su ingreso en prisión sin fianza, si bien varias semanas después fueron puestos en libertad provisional.

Recientemente, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) denunció en los Juzgados de Palma la presunta comisión de un delito de prevaricación a raíz del distinto trato que el Ayuntamiento ha dado, dependiendo de su identidad y afiliación, a los policías locales imputados en este procedimiento judicial.

En su denuncia, la entidad recalcaba, respecto a estas pesquisas, cómo la Administración, de forma "absolutamente arbitraria", ha adoptado en unos casos unas medidas u otras, ha ordenado cambios de destino o simplemente no ha acordado medida cautelar alguna en otros -como en el caso Mut- pese a que en la conducta de estos últimos "concurran presumiblemente varios delitos".