Los sindicatos UGT y CCOO han lamentado la "descoordinación" en el primer Plan de Emple@Joven entre la Junta y los ayuntamientos, que "ha perjudicado a muchos jóvenes, muchos de los cuales no podrán recibir prestación posteriormente por no estar seis meses trabajando, debido al retraso en el inicio de sus contratos, que les ha hecho estar menos tiempo", han indicado a Europa Press diversas fuentes de ambos sindicatos.

Fuentes de UGT han indicado a Europa Press que la pata del plan alusiva a las contrataciones por parte de los ayuntamientos para que los jóvenes efectuaran servicios a la comunidad y de cooperación social ha finalizado el 30 de abril, de manera que "mientras que los ayuntamientos lo han puesto en marcha, se han comido tiempo, puesto que había que hacer una selección, diversas entrevistas al personal, y diversas baremaciones, con lo que "se les ha ido un mes e incluso hasta dos meses hasta que han empezado los contratos, de forma que algunos han trabajado cuatro o cinco meses, y en algunos casos no era a jornada completa".

Han explicado que ello "ha provocado que muchos jóvenes menores de 30 años tengan la queja de que no han tenido la oportunidad de cobrar la ayuda familiar, para la que se requieren seis meses", de manera que este colectivo "se ha quedado desamparado".

"Ha sido un desastre", han indicado a Europa Press fuentes de

Fsp ugt que consideran que el Programa Emple@Joven "no lo hemos visto bien coordinado ni bien desarrollado en general, pues los empleados quedan desamparados".

Fuentes de UGT-A han indicado que llevan pidiendo a la Junta solicitar que se constituya la llamada Mesa General de Administración Local, "donde se pueda ver toda la problemática y desarrollar programas comunes". "No entiendo que no se cuente con los sindicatos en esta mesa donde se pueda negociar, cuando ya va siendo hora de unificar criterios en la administración local y haya una negociación común para todos los ayuntamientos", han añadido las fuentes, quienes reconocen que no entienden "por qué no se ha constituido".

Asimismo, solicitan a la Junta "una ampliación" para este programa "algo que planteamos a la Junta, que nos comentó que estaba de acuerdo, siempre que fuese a cuenta de la financiación de los ayuntamientos, pero todos sabemos que la situación económica de los ayuntamientos es asfixiante; para algunos es imposible, pues ni siquiera tienen dinero para pagar las nóminas de sus trabajadores, por lo que difícilmente pueden echar una mano".

"Los ayuntamientos están atados de pies y manos y encima sin tener una mesa de negociación común; son los que más sufren en su piel los recortes de Administración central, cuando necesitan financiación propia y acorde a las necesidades de los vecinos", han añadido fuentes de UGT.

Por su parte, fuentes de CCOO han pedido a la Junta que, "aun valorando pongan sobre la mesa en marcha un plan de estímulo, esperamos que la Junta sea capaz de reconocer los errores que el plan está teniendo en su puesta en práctica, como que no se hayan dado cursos o no haya existido elementos de protección en materia de salud laboral".

Fuentes de CCOO lamentan a Europa Press la "total desconexión" entre lo que la Administración andaluza estableció en la norma y lo que los ayuntamientos han desarrollado; se han perjudicado los derechos de los trabajadores". Han lamentado que "los seis meses establecidos como tiempo de contratación en muchos casos no se han podido justificar por retrasos".

Asimismo, han criticado la "descoordinación" entre Junta y ayuntamientos, por lo que CCOO pide "con urgencia y cuanto antes" que el nuevo programa "empiece a gestionarse y que el Gobierno andaluz abra una mesa para poder corregir y modificar los defectos del plan".

"Queremos que se abra un espacio donde las organizaciones sindicales podamos decir las cosas, a modo de una comisión de seguimiento, y donde se pueda corregir el segundo decreto, pues estamos a punto de corregirlo".

CCOO considera que tiene que corregirse el decreto-ley que se pone ahora en practica, ya que el otro esta "terminado". Para corregirse, propone una mesa de trabajo "que en una semana termine los trabajos, ya que hemos detectado y denunciado los perjuicios de la aplicación del primer decreto sobre los derechos de las personas jóvenes".

Entre dichos perjuicios destacan "los impagos salariales, incumplimiento de las jornadas, derechos de salud laboral".

"La idea del plan esta bien pero ya les dijimos que el diseño y la puesta en práctica ha estado llena de disfunciones; la coordinación entre Junta y los ayuntamientos ha sido prácticamente nula y eso ha impactado negativamente en el empleo y los derechos de las personas jóvenes", se lamentan desde este sindicato.