La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes una fianza de responsabilidad civil de 1.333.000 euros para el exalcalde socialista de Guadalcanal (Sevilla) Carmelo Montero Cabezas, uno de los 25 imputados que comparecerán a lo largo de esta semana ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en relación a las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.

Fuentes del caso han informado de que, durante su declaración ante la magistrada Mercedes Alaya, el imputado, que fue presidente de la cooperativa Almazara de Guadalcanal, ha asegurado que le pidió una ayuda al exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera en una reunión en la que, según han dicho, también estaban presentes el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el exgerente provincial del IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras.

Una vez finalizada su declaración, el Ministerio Público ha pedido para el exprimer edil una fianza civil de un millón de euros más el tercio legal previsto, solicitud a la que se ha adherido la acusación que ejerce la Junta de Andalucía, mientras que el PP lo ha dejado a criterio de la juez Alaya.

La instructora atribuye al exalcalde dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, pues considera que "obtendría, dadas sus importantes relaciones de amistad con los responsables de la Consejería de Empleo e IFA, una subvención de un millón de euros sin efectuar siquiera la mera solicitud ante la Administración y sin presentar la documentación acreditativa del proyecto u obra".

Reunión con viera

La juez imputó además al exprimer edil de Guadalcanal por su "activa participación" en la concesión de 2,1 millones en ayudas a Refractarios Sevilla/Refractarios Guadalcanal/Refractarios Andalucía. Según Alaya, Carmelo Montero "asistiría a diversas reuniones con los empresarios, asistiendo también" el exconsejero José Antonio Viera, "del que era muy amigo", y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

El exalcalde "influiría decididamente para la concesión de las ayudas referidas a cada una de las empresas, pese a que debía conocer que no existían bases reguladoras para el otorgamiento de las mismas, no solo por razón de su cargo, sino porque a la cooperativa que presidía, a finales de 2003, le fue también concedida una subvención de un millón carente como las de las empresas de Refractarios del más mínimo trámite procedimental".

La juez también había citado este lunes a otros seis imputados por las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, aunque sólo cuatro de ellos han comparecido ante la magistrada, pues uno ha fallecido y otro se encuentra actualmente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario.

Así, ha comparecido ante Alaya Luis Martínez Perea, presidente de Atarazanas de Constantina, empresa cooperativa cuyo objeto social era el aserrado y cepillado de madera, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y para quien la Fiscalía ha pedido una fianza civil de 600.000 euros.

El papel de guerrero

También han comparecido ante la juez, en relación a la empresa Grueso y García S.L. dedicada al transporte por carretera de mercancías, Alfonso Manuel García Delgado y su socio José Grueso García, quienes según declaró el primero fueron a ver al entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero para solicitarle una ayuda.

De este modo, y tras entregarle facturas pro-forma que justificasen la inversión, "pues querían montar una empresa", en octubre de 2006 Guerrero les firmó una resolución de ayuda por 100.000 euros, aunque transcurrió un tiempo sin que la misma le fuera abonada, por lo que la reclamaron por escrito el 14 de mayo de 2008.

Poco tiempo después, se entrevistaron con el sucesor de Guerrero, Juan Márquez, quien les dijo indiciariamente que la ayuda no cumplía los requisitos para pagarse "porque estaba mal dada", momento en el que uno de los imputados le advirtió que, "como tenía una resolución firmada por Guerrero, acudiría a juicio si era necesario".

"Ante la insistencia" de uno de los imputados, Márquez le ofreció el pago de la mitad, 50.000 euros, lo que los dos socios de la empresa aceptaron. Finalmente, esa ayuda fue abonada el 17 de septiembre de2008, "sin solicitud, sin memoria justificativa del proyecto y sin aportar documentación justificativa de estar al corriente en elpago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social".

CITADOS 25 IMPUTADOS

Además, la ayuda fue otorgada "conociendo sus beneficiarios y quien finalmente ordena su pago, Juan Márquez, la ilicitud de la concesión, a pesar de que en su declaración judicial manifestó que su actuación se limitó a materializar el pago de la ayuda concedida por Guerrero".

Por último, ha comparecido Manuel Grueso Vázquez, quien fue administrador único de Dehesa Navera, empresa dedicada a la fabricación de productos cárnicos en Las Navas de la Concepción, y "en connivencia con otros empresarios de la zona" y el exgerente del IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras, "vecino" de la zona, "ejercerían influencia" sobre Guerrero para que concediera a sus empresas ayudas públicas.

De esta forma, "y en virtud del compromiso" de Rodríguez Contreras, se le concedió a Dehesa Navera el 3 de marzo de 2004 una subvención, "sin mediar solicitud ni documentación justificativa alguna", por importe de 182.629,34 euros.

Entre este lunes y el jueves, la magistrada ha citado a declarar en total a 25 de los 35 imputados por las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, entre los que destacan dos exalcaldes —el ya citado de Guadalcanal y el que fuera alcalde socialista de El Real de la Jara entre 1985 y 2007 José Antonio Méndez Sánchez— e incluso una religiosa, identificada como Carmen Muñoz Rivas, que fue presidenta de una cooperativa textil que recibió una subvención de 44.000 euros de la Junta de Andalucía.