La Comisión Europea apunta a la Intervención General de la Generalitat como "principal responsable de la no aplicación del principio de devengo y de la ausencia de registro de cantidades considerables de gasto sanitario", que motivó la investigación y posterior propuesta de sanción cercana a 19 millones a España por manipulación de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunitat mediante la ocultación sistemática de parte del gasto sanitario.

En las conclusiones del informe en el que recomienda esa multa, determina que esta entidad "fue gravemente negligente" respecto al no registro de los gastos de salud y al no respeto del principio de devengo en las cuentas nacionales (SEC 95), llevando a una información incorrecta de los datos de déficit a Eurostat en 2012, después de la entrada en vigor de la Regulación (EU) 1173/2011.

En ese sentido se pronunció ya en las conclusiones preliminares, a las que ha tenido acceso Europa Press, de la investigación puesta en marcha por la Comisión Europea en 2014 por la posible existencia de manipulación de datos estadísticos relativos al procedimiento de déficit excesivo en España. De la información analizada extraía que "la tergiversación de datos de déficit correspondientes a los años 1988-2011 fue fruto, como mínimo, de negligencia grave".

A falta de conocerse el definitivo, en ese documento exponía las "graves irregularidades cometidas en la contabilidad, el registro y la notificación de la gastos de la Comunitat durante muchos años", como no respetar el principio de devengo, uso incorrecto de las cuentas extrapresupuestarias, no registrar gastos y comunicar información "engañosa" a autoridades estatales, "lo que dio lugar a una tergiversación de los datos de déficit y deuda de España".

Según señala, la ausencia de registro de gastos empezó en 1988 y al principio "afectaba sólo a cantidades muy pequeñas" que "siempre se registraban en el ejercicio siguiente" pero, a partir de 1993, aumentaron estas cuantías y "no todos los gastos no registrados en un ejercicio se registraban en el siguiente".

En 2007, esos gastos no registrados de años anteriores superaban los 1.000 millones y, si bien hubo cinco acuerdos hasta 2010 que permitieron registrarlos y pagar, "no se adoptaron medidas para que no se volvieran a ocultar gastos durante largos periodos de tiempo", esa práctica continuó y dio lugar a una revisión al alza, en unos 1.900 millones, del déficit de la Comunitat en 2011.

Al respecto, el informe señala que la Intervención General de la Generalitat —de la que era titular Salvador Hernándiz, cesado en diciembre de 2012 a raíz de su imputación por presunta filtración de un informe del 'caso Cooperación' a Rafael Blasco, causa que provocó la dimisión del conseller de Hacienda José Manuel Vela y fue archivada— no notificó esa cantidad a la Intervención General del Estado (IGAE) en el cuestionario normalizado de enero de 2012, ni en la entrega en abril, a pesar de que el Consell ya había informado de la existencia de facturas no pagadas por ese importe.

De hecho, agrega que "la cifra correcta sólo fue confirmada, por teléfono y tras encarecida insistencia de la Intervención General de la Administración del Estado, en mayo de 2012".

Incumplimiento de normas contables

Respecto a la responsabilidad de la Intervención, indica que no aplicó plenamente el Plan General de Contabilidad Pública y utilizó erróneamente las cuentas 409 y 411; no registró gastos realizados, a veces durante muchos años, incumpliendo las normas del SEC 95 y el principio de devengo; no tuvo en cuenta los informes de la Sindicatura, respaldados por observaciones de Sanidad, y no alertó a Intervención del Estado de las deficiencias de la información que enviaba cuatro veces al año, ni incluyó esos 1.900 millones en gastos no reconocidos en los cuestionarios normalizados de 2012.

Apunta asimismo que elaboró una Cuenta General que, hasta junio de 2012, no hacía referencia explícita a los gastos registrados y daba "información mínima" sobre la cuenta 411, que en 2010 superaba los 1.800 millones; ignoró los datos sobre la cantidad total de estos gastos que Sanidad envió a la Sindicatura, y al menos una vez de manera informal a la propia Intervención de la Generalitat; no obtuvo la documentación necesaria para elaborar la Cuenta General y no utilizó la red de interventores delegados en los hospitales para obtener directamente los datos de los gastos sanitarios.

El informe también recoge que no remitió los datos correctos a la IGAE, ni siquiera cuando Sanidad se los envió oficialmente en 2006 ni después de que Sindicatura publicara los datos correctos de gastos sanitarios no registrados, y que consideró que las observaciones de la Sindicatura de Cuentas y peticiones de registro de esos datos no estaban dirigidas a ella, aunque sí lo estaban.

"sabía que los datos eran incorrectos"

Además, mantiene que "a pesar de saber que los datos de la Cuenta General y que se enviaban a la IGAE eran incorrectos, no se puso en contacto con Sanidad y ni siquiera intentó hacer una estimación de los gastos sanitarios sin registrar para la correcta aplicación del principio de devengo".

Señala asimismo que la Intervención General de la Generalitat no aceptó la oferta de la Sindicatura de enviarle directamente los datos correctos para que los incluyera en la Cuenta General, ni pidió a Sanidad que se los enviara. De hecho, "según la declaración de los representantes de la Conselleria de Sanidad, el que fuera interventor general hasta 2012 —Hernándiz— había dado instrucciones orales a la Conselleria de no enviarle de manera oficial los datos de gastos sanitarios no reconocidos".

Papel de igae, INE,

Sanidad y sindicatura

El análisis de la CE sobre "qué entidades fueron las principales responsables de esas irregularidades y cuáles estaban plenamente al corriente de la situación" incluía, junto a la Intervención de la Generalitat, a la IGAE, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Conselleria de Sanidad y la Sindicatura de Cuentas, cuya colaboración con la investigación pone de manifiesto en el informe.

De la Sindicatura, concluye que "parece que actuó de acuerdo a sus funciones" porque informó de gastos no reconocidos por más de mil millones cada año de 2003 a 2010 —salvo en 2007 y 2009 cuando fue inferior por reconocer gastos a través de la cuenta 411—, del INE que "no parece haber estado al corriente de estos hechos" y, de la IGAE, que se percató de la situación en 2007 pero "tenía poderes limitados para corregir la situación, ya que no podía modificar unilateralmente los datos que le enviaban las comunidades".

En cuanto a Sanidad, apunta que entregó siempre de forma oficial la información disponible sobre gastos extrapresupuestarios a la Sindicatura y al Ministerio, y también a la Intervención de la Generalitat, aunque "de forma informal, por correo electrónico", por lo que "no parecía tener intención de ocultar estos gastos".

Falta de registro de datos concluyó a finales de 2012

Según las mismas fuentes, la falta de registro de gastos concluyó a finales de 2012, debido a la introducción del mecanismo extraordinario de pago a proveedores estatal, que hacía "necesaria la plena revelación de los gastos" porque uno de sus condicionantes era que las facturas no pagadas se refirieran exclusivamente a gastos ya devengados y registrados a finales de 2011.

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