La organización de consumidores Facua Andalucía se ha dirigido esta semana a todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento andaluz para exponerles sus reivindicaciones, una vez constituida la Cámara andaluza, que se encuentra en el proceso de investidura de la Presidencia de la Junta.

En una nota, Facua ha explicado que la presidenta de la federación, Olga Ruiz, ha remitido un documento con las 60 propuestas de Facua Andalucía sobre políticas de defensa de los consumidores a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, esto es, Mario Jiménez (PSOE), Carlos Rojas (PP), Teresa Rodríguez (Podemos), Juan Marín (Ciudadanos) y Antonio Maíllo (IU).

Ruiz espera que los grupos parlamentarios analicen sus peticiones y "las hagan suyas a fin de potenciar mayores niveles de protección de los consumidores en la comunidad autónoma, transparencia y participación ciudadana".

La presidenta de Facua Andalucía ha pedido a los portavoces de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU que "potencien la democracia participativa y se constituyan en un canal para trasladar en el Parlamento andaluz las reivindicaciones de la sociedad civil organizada".

Asimismo, Ruiz ha mostrado el compromiso de su organización de analizar las cuestiones relacionadas con la defensa de los consumidores que valoren trasladarle los grupos parlamentarios.

En este sentido, "desde su independencia política, Facua Andalucía se ofrece a colaborar con todos los partidos en la valoración de impulso de iniciativas que redunden en beneficio de los intereses de los usuarios". "La defensa de los consumidores y la lucha contra el fraude debe convertirse en una política prioritaria en Andalucía y el resto de comunidades autónomas", señala.

Principales reivindicaciones

Entre sus principales reivindicaciones, Facua Andalucía reclama la creación de una Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores "para luchar con eficacia contra el fraude, la aplicación de multas ejemplarizantes ante los fraudes masivos, algo inédito hasta la fecha, y un cambio legal para que los usuarios que sufren abusos puedan reclamar indemnizaciones".

En relación con la creación de la Agencia, el documento plantea que "la protección de los consumidores y usuarios debe recaer en un organismo que concentre las competencias en una sola estructura administrativa, que actúe de forma global y coordinada con el resto del Ejecutivo y que tenga autonomía para ello".

Facua Andalucía advierte de la "alarmante ausencia de mecanismos eficaces y transparentes de control del mercado". Ante esto, demanda una Agencia con "una estructura administrativa ágil y eficaz donde sea posible concentrar recursos suficientes para luchar eficazmente contra el fraude. Un organismo con presupuesto propio, vinculado a una consejería de carácter transversal y de relevancia económica y política dentro de la estructura del Gobierno andaluz".

Una norma que regule indemnizaciones a las víctimas de fraudes

Asimismo, la federación pide la "aprobación de una norma que regule expresamente la reparación del daño causado al consumidor y el procedimiento para ser indemnizado y, en su caso, acuerde la devolución de las cantidades indebidamente abonadas". Para Facua Andalucía, "una forma eficaz de reducir los fraudes es obligar a las empresas que los cometen a abonar una indemnización a los afectados, independientemente de la obligación de cumplir sus contratos y devolver las cantidades cobradas indebidamente".

En cuanto a las multas, Facua Andalucía exige la "revisión y actualización del régimen sancionador y sus cuantías (...) para garantizar que las sanciones impuestas cumplan su función disuasoria frente a conductas que atentan contra los derechos de los consumidores".

En este sentido, la federación critica que la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, aprobada en 2003, supuso un gravísimo retroceso, al reducir el importe de las multas con respecto a las vigentes desde mediados de los años 80.

La federación advierte de que "sea cual sea el marco sancionador establecido en la ley, de nada servirá si no hay voluntad política para aplicar multas proporcionales a la gravedad de los fraudes que se cometen contra los consumidores". En este sentido, critica "la inaceptable laxitud con la que, Gobierno tras Gobierno, se actúa frente a las graves irregularidades que cometen numerosas empresas".

El documento de Facua Andalucía también recoge la necesidad del "refuerzo de la protección del consumidor en relación con servicios esenciales", como la banca, las telecomunicaciones y la energía. Asimismo, demanda la "regulación de la protección de los consumidores vulnerables y mínimos vitales, garantizando el acceso a servicios básicos esenciales: luz, agua, vivienda, y aumentando el control sobre las prácticas abusivas".