El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Reus (Tarragona), Diego Álvarez de Juan, ha decretado libertad con cargos y sin fianza para la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Reus, Teresa Gomis, en el marco de la operación Innova, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

En concreto, el juez le ha imputado los delitos societarios de falsedad documental, contra la Administración pública, blanqueo de capitales y contra la salud pública. Como medida cautelar, se ha dictado la prohibición de salida del territorio y entrega del pasaporte por parte del imputado, así como la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado de Reus.

Según el auto, Gomis está implicada en un voluntario desconocimiento de las normas básicas de gestión pública, un comportamiento que, según la Policía Judicial, pudo facilitar que el empresario de Traiber SL Lluís Márquez protagonizara un desajuste económico de 2,45 millones de euros con el Hospital Sant Joan de Reus.

Además, apunta que la conducta de Gomis podría entrar en el ámbito de la ignorancia deliberada, que tampoco supone un exención de responsabilidad criminal en lo que respecta a los diferentes tipos delictivos. Asimismo, sostiene que consta facturación de Traiber al Hospital Sant Joan de Reus desde 2007 a 2014 sin ningún tipo de licitación o de proceso de adjudicación en base a la normativa de contratación pública.

Gomis y Márquez fueron detenidos por su presunta vinculación con la operación relacionada con el caso Innova, que se ha desarrollado de forma simultánea en varias ciudades de Tarragona y que se ha saldado con siete personas detenidas y dos más imputadas. Las otras siete se encuentran en libertad provisional acusados de delitos societarios, falsedad documental, delitos contra la administració pública y blanqueo de capitales. El juez les ha retirado el pasaporte, le ha prohibido salir del país y deben comparecer en el juzgado todos los lunes.

El instructor ha decretado libertad condicionada al pago de una fianza de 20.000 euros al empresario, al que imputa delitos societarios de falsedad documental, contra la Administración pública, blanqueo de capitales y contra la salud pública.

Tras tomarle declaración la mañana de este viernes, el juez le ha impuesto el 7 de mayo como fecha límite para abonar la fianza, que en caso de no hacerse efectiva supondría su ingreso en prisión. Como medida cautelar, se ha dictado la prohibición de salida del territorio y entrega del pasaporte por parte del imputado, así como la obligación de comparecer diariamente ante el juzgado de Reus.