El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción ha presentado este jueves un escrito ante la Fiscalía de Sevilla donde le advierte de la no existencia "en la legalidad" del Grupo Especial de la Policía Local (Gepol) al que ha encomendado que realice las "investigaciones oportunas" en torno a las presuntas irregularidades y "desviaciones" presupuestarias por importe de 439.874 euros advertidas por la Intervención General en el montaje de la feria de 2014.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción señala que dicho grupo "no existe legalmente constituido" en el seno de la Policía Local de Sevilla, ya que "no consta en la estructura interna legalmente aprobada ni en su Relación de Puestos de Trabajo", lo que "podría producir un efecto indeseado para la legalidad y el esclarecimiento de los hechos, con la consiguiente imposible aplicación de la justicia a quienes resultaran condenados".

El Gepol "no existe en la legalidad y ello pudiera afectar al resultado de las investigaciones si como consecuencia de las mismas se deriva alguna responsabilidad sobre cualquier persona", subraya el escrito, que alerta de que "pudiera producirse una usurpación de funciones de los policías locales actuantes", sostiene el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción.

Según añade, "la inexistencia legal de este grupo consta en certificados del secretario general del Ayuntamiento, en el que da cuenta de que no existe acuerdo plenario o de Junta de Gobierno, o acuerdo con el Ministerio de Interior por el que se cree ningún grupo, ni especial, ni ordinario, de Policía Judicial en la Policía Local de Sevilla".

"No es que no exista como grupo de Policía Judicial, es que no existe como grupo de nada, no existe, es alegal o ilegal, según la estructura del Cuerpo de Policía Local de Sevilla", señala el escrito, que indica que "existen unidades orgánicas de Policía Judicial en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil y unidades adscritas a los juzgados de ambos Cuerpos que podrían desarrollar esta investigación sin riesgo alguno para la eficacia posterior de las investigaciones".

Y es que, según apostilla, "no existe Gepol, sus miembros no están capacitados con los títulos que facultan para actuar como Policía Judicial y en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento figuran en otros puestos —motorista, por ejemplo— que nada tienen que ver con un grupo especial de investigación de Policía Judicial".

La investigación

Y es que la Fiscalía de Sevilla ha ordenado al Grupo Especial de la Policía Local (Gepol) que realice las "investigaciones oportunas" en torno a las presuntas irregularidades y "desviaciones" presupuestarias por importe de 439.874 euros advertidas por la Intervención General en el montaje de la feria del pasado año 2014.

En un oficio fechado el pasado día 21 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, relata que fue el día 15 cuando se recibió un escrito firmado por el jefe de unidad de Relaciones Sociales del Ayuntamiento de Sevilla "en el que pone en conocimiento" del Ministerio Público "hechos que podrían constituir delito de malversación de caudales públicos".

En este caso, y "no hallándose claramente determinados los hechos denunciados o su relevancia penal, ni delimitadas las responsabilidades de las personadas denunciadas", la fiscal jefe ordena a la Gepol la práctica de las "investigaciones oportunas".

"Dado que se trata de actos cometidos en el desempeño de funciones municipales y debiéndose deslindar irregularidades administrativas de las penales", Segarra considera que la Gepol es el grupo de la Policía Local "idóneo" para llevar a cabo las investigaciones "oportunas", instándole a dar cuenta "de forma periódica" del desarrollo de las mismas.

Fue el pasado lunes, un día antes de este oficio, cuando la Fiscalía abrió diligencias de investigación tras recibir la documentación elevada por el Consistorio hispalense, según ya informaron a Europa Press fuentes judiciales.

Los hechos

El Área de Hacienda y Recursos Humanos ya había notificado al jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, responsable de la supervisión de las obras, que el citado informe sobre tales presuntas desviaciones presupuestarias iba a ser elevado a la Fiscalía de Sevilla.

Fue un arquitecto técnico del servicio de Fiestas Mayores quien alertó en julio al Consistorio de que Carretero avalaba la liquidación de obras que supuestamente no se ejecutaban, además de mencionar partidas duplicadas, gastos inflados u obras sin justificar. Tras esto, el Consistorio abrió un expediente de información reservada sobre las liquidaciones de 2014.

El montante al que apunta ahora el interventor corresponde a las cuatro liquidaciones que obtuvieron reparos legales, tras confirmar las "desviaciones" del director técnico de las obras que rehusó firmar las liquidaciones finales. Entre las obras incluidas, el documento apunta a todas las actuaciones desde las estructuras de las casetas a la plataforma para elevar la portada.

Así, el informe recoge "desviaciones del documento proyectado sin que se aporte cuadro comparativo que ponga de manifiesto las mismas", además de "errores materiales de certificación", partidas que "no estaban previstas y que se han compensado por un procedimiento no adecuado". El interventor también advierte de la prohibición de los contratos verbales.

En 2014, Ferrovial fue la encargada del montaje de las casetas y de la pintura de la portada, mientras que Martín Casillas desarrolló la iluminación de la portada y acometidas eléctricas, además de la ornamentación eléctrica.