La vicesecretaria de Organización del PP-A, Patricia Navarro, ha asegurado este miércoles que "el Decreto de Amnistía Urbanística de la Junta de Andalucía, tumbado por el Informe del Consejo Consultivo, viene a demostrar que la chapucería de la Junta no tiene encuadre legal".

Así lo ha indicado en un comunicado la 'popular' en relación al dictamen de este órgano sobre el anteproyecto de ley del Gobierno andaluz que modifica la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística.

Para Navarro, el Consejo Consultivo reconoce con este informe que se hizo público este martes que el decreto de la Junta contraviene la ley y el principio de igualdad, ya que "va contra los propietarios que construyeron o compraron su vivienda con licencia, otorgándoles la misma consideración que a los que lo hicieron sin ella".

"Las prisas del Gobierno de Díaz por conseguir un puñado de votos les lleva a caer en errores bulto e incluso en situaciones injustas como meter en el mismo saco a los adquirentes de buena fe y a los que no lo son".

En este sentido, la 'popular' ha asegurado que "la maraña normativa que ha creado la Junta en materia urbanística y que rige en Andalucía no se soluciona a golpe de decreto y antes de unas elecciones. Ni el interés electoral ni la premura son buenos consejeros en un tema tan delicado".

Para la vicesecretaria de Organización lo más grave es que "la Junta lleva más de tres años generando falsas expectativas en miles de familias que viven intranquilas y temerosas de que llegue el día en que tengan que presenciar el derribo de sus casas".

Por ello, ha exigido a Díaz que "deje de jugar con las vidas y el futuro de estas familias y se tome en serio de una vez esta cuestión, dándoles una solución definitiva y planteando una reforma profunda de toda la legislación urbanística de Andalucía".

Navarro ha indicado que el Partido Popular espera contar con el apoyo de los socialistas cuando se debata la Proposición No de Ley presentada la semana pasada por los populares para aprobar una Ley de Segunda Oportunidad que dé una solución definitiva al problema de las viviendas irregulares en Andalucía.

Esta iniciativa no supondría legalizar todas esas viviendas, sino aquellas en las que haya "adquirientes de buena fe y no estén en espacios protegidos", ha señalado la 'popular', quien ha explicado que la iniciativa de su partido insta al Consejo de Gobierno a aprobar, en el plazo de tres meses, esta Ley de Segunda Oportunidad para solucionar las Edificaciones Irregulares en Andalucía, poniendo fin así "al drama personal" y familiar de los compradores de buena fe y eliminando los riesgos que sobre el turismo y las inversiones conlleva.

Además, pide articular medidas transitorias que permitan la habitabilidad de estos inmuebles, aunque no se traten de viviendas habituales, mientras se desarrollan los trámites de legalización de las mismas, así como revisar y reformar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, para su adaptación a las necesidades de desarrollo de los municipios andaluces, que en todo caso deberá ser ordenado y sostenible, evitando en el futuro este tipo de construcciones.