La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha archivado la denuncia presentada por CC.OO contra el presidente del Gobierno regional, Ignacio Diego, y el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, por supuestas irregularidades en la contratación de parados por parte de los ayuntamientos con cargo a ayudas de la Administración regional y ahora el sindicato "baraja" recurrirlo o presentar una querella ante los tribunales.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa el secretario general de CC.OO en Cantabria, Carlos Sánchez, quien ha señalado que los servicios jurídicos del sindicato están estudiando la decisión de la Fiscalía para decidir qué hacer.

En esta rueda de prensa, Sánchez ha estado acompañado de la secretaria general de UGT en la región, María Jesús Cedrún, quien ha explicado que la "lucha contra esa medida no acaba ahí" y su sindicato ha denunciado, como "otra vía a explorar", ante el Fondo Social Europeo al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos que, a su juicio, han "incumplido" los principios de "igualdad" y "libre circulación" de trabajadores con las convocatorias de empleo que han convocado con cargo a la Orden de Corporaciones locales.

Sánchez ha añadido que en algunas de estas convocatorias se ha primado más el hecho de estar empadronado que otras cuestiones, como la situación de desempleo o familiar. De hecho, ha señalado que algunas plazas se han repartido por "sorteo" y no por cuestiones de "mérito" y "capacidad".

Los sindicatos recuerdan que estas ayudas del Gobierno regional se nutren de fondos europeos y por ello, a su entender, la responsabilidad no solo es de los ayuntamientos que han presentado estas convocatorias sino del Ejecutivo regional, pues —dicen— debe "tutelar" que los recursos públicos de la UE se usen correctamente.

CC.OO también ha denunciado esta cuestión en relación ante la oficina de quejas del Fondo Social Europeo porque, según Sánchez, se podría "interpretar" que hay malversación de fondos públicos europeos.

Los sindicatos han explicado que estas denuncias ante el Fondo Social Europeo se pueden tardar en resolver cinco años.

La denuncia ante la fiscalía

Más rápido, en unos días, ha resuelto la Fiscalía del TSJC la denuncia de CC.OO, que el sindicato anunció el pasado viernes, 24 de abril.

El sindicato entendía que buena parte de las convocatorias y procesos de selección de los ayuntamientos incumplen la ley por vulnerar el derecho fundamental de acceso al empleo público en condiciones de igualdad.

Y consideraba que Diego y Ruiz podrían haber incurrido en responsabilidades penales por "omisión" en el ejercicio de su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad, por lo que solicita su inhabilitación para ocupar cargo público.

Según CCOO, los procesos de selección en al menos 80 ayuntamientos se han desarrollado o sin las garantías de publicidad suficiente, o con "discriminaciones" contrarias al ordenamiento jurídico, al establecer el empadronamiento como requisito o mérito y fijar una edad mínima de 18 años cuando la establecida para el acceso a la función pública es de 16 años.

CCOO considera que, como garantes de la legalidad, el Gobierno y la Delegación de Gobierno deberían haber requerido a los ayuntamientos para que anularan y subsanaran todas aquellas disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico, tal y como solicitó el sindicato el pasado mes de febrero.