La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha corregido el "error material" en el que incurrió en el auto del pasado 8 de abril donde analizaba las actas de la Comisión General de Viceconsejeros —conocidos como 'consejillos'—.

Esta decisión se produce sólo unos días después de que la magistrada modificara levemente las fianzas de responsabilidad civil de 40.317.001,21 euros impuestas a 23 imputados, entre exaltos cargos de la Junta y miembros del consejo rector de IDEA como el exconsejero de Innovación Martín Soler, al reconocer que el auto donde las impuso "arrastra por mera equivocación algunos errores materiales o aritméticos".

En un auto dictado el 21 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora pone de manifiesto que, "de conformidad con el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan".

Tras señalar que "los errores materiales manifiestos y aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento", Alaya acuerda rectificar el "error material" padecido en la página 14 del auto de 8 de abril.

En ese auto, la magistrada señalaba que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández "no informaría a la Comisión de Viceconsejeros de la suscripción de dicho convenio marco", cuando "debe decir" que el exconsejero "informaría a la Comisión de Viceconsejeros de la elaboración de dicho convenio marco", todo ello "según reconoció en su declaración judicial, aunque no conste expresamente en las actas de la citada comisión relativas a dicha época".

Ello es así, prosigue la juez, porque en la página 71 de la declaración judicial del exconsejero, éste "admitió haber dado cuenta de la elaboración del convenio marco para la concesión y pago de las ayudas sociolaborales y directos a empresas", declarando que "cree que dio la explicación en el referido 'consejillo', ya que tuvo que darla por las consecuencias presupuestarias que el convenio marco generaba, ya que en el mismo mes en que se firma el convenio marco, cuando se elabora el presupuesto del año, se incluyó en la memoria porque había que hacer una modificación sustancial de los presupuestos de Empleo".

"se apenaron" de empleo

Según su declaración, "concretamente en la memoria iba el procedimiento que se aprobaba, se explicaba el convenio marco, el capítulo por el cual se realizaban las transferencias de financiación de Empleo al IFA, y el órgano competente para conceder estas ayudas, que era la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social".

Cuestionado por la magistrada si recordaba algún detalle o si hubo algún debate en el 'consejillo', Antonio Fernández manifestó que "ningún debate en orden a la legalidad, pero que se apenaron de la Consejería de Empleo porque se iba a quedar sin dinero, porque iban a tener que transferir todo el dinero que le remitía la Junta a dicha Consejería al IFA".

En el auto ahora corregido, la juez acusó además a la Junta de Andalucía de "menospreciar" y "desoír ejercicio tras ejercicio" los informes de la Intervención General en los que se alertaba de las deficiencias del sistema por el cual se pagaban las ayudas indagadas, mientras que también extendió las irregularidades de los ERE a las empresas públicas de la Junta.

Además, rechazó nuevamente la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que la causa sea dividida en piezas porque "la carga de trabajo y lo ingente de la tarea hace imposible" dicha división, una decisión que ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla por parte del Ministerio Público.

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