El PSOE ha presentado este jueves una denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Carolina (Jaén) por un presunto delito de atentado a los derechos cívicos de las personas y por vulneración de la ley de bases de régimen local.

El Ayuntamiento gobernado por el PP está "ignorando deliberadamente las solicitudes de información del Grupo Socialista", de manera que el alcalde, Francisco Gallarín, "lleva más de un año y medio sin responder a ninguno de los escritos registrados por el PSOE", según critica en una nota la portavoz socialista, Ángeles Férriz.

La denuncia detalla que Gallarín "no ha contestado al menos a 13 peticiones de información formuladas por el PSOE" dentro de su labor de oposición, en un intento evidente de "entorpecer el trabajo de fiscalización y control del equipo de gobierno por parte del Grupo Socialista". "Gallarín quiere mucha oscuridad sobre su gestión, le tiene alergia a la transparencia y no quiere que se sepa nada sobre sus manejos al frente del Ayuntamiento", critica.

Férriz explica que la información solicitada por el PSOE y a la que Gallarín "ha dado la callada por respuesta" está relacionada con los planes de empleo de Junta y Diputación, con la contratación de trabajadores en el Ayuntamiento, con los gastos generados por la asistencia de concejales del PP a Fitur, con el arrendamiento de naves industriales, con la subrogación de trabajadores por la empresa Recolte o con el estado de tesorería del Ayuntamiento, entre otros asuntos.

La portavoz socialista pregunta a Gallarín "qué tiene que ocultar" para no facilitar la información solicitada al PSOE, que tiene siete concejales en el Ayuntamiento y que por lo tanto "representa a un importante número de vecinos de La Carolina que tienen derecho a saber lo que pasa en su Ayuntamiento y a conocer con detalle cómo se está gestionando esta administración".

Férriz ve "antidemocrática" esta práctica habitual del PP de "intentar torpedear los derechos de la oposición" y considera que esto se debe a que Gallarín sigue "sin aprender unas nociones básicas de democracia".

La denuncia registrada argumenta que el Ayuntamiento vulnera el artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por Ley 11/1999 de 21 de abril, que dispone que "todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función".

Además, esa solicitud "habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado". "Igual Gallarín piensa que son cinco años y no cinco días los que tiene de plazo", ironiza Férriz.

Además, el PSOE considera que se está produciendo un delito de atentado a los derechos cívicos de las personas, previsto en el Código Penal en su artículo 542, que dice que "incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes".

"Seguramente Gallarín no lo sabe porque igual no se ha leído la Constitución, pero el artículo 23.1 dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal", concluye la portavoz socialista.

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