La Junta de Andalucía ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la valoración de las fincas que componen el sector ST-1 del paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), "con las edificaciones y construcciones existentes", es de 2.313.896,61 euros aunque reconoce que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional aún pueden modificar esta valoración y establecer "eventuales indemnizaciones" a la promotora del hotel, Azata.

En un informe elevado al TSJA, hace referencia a la sentencia en firme del propio tribunal que da la titularidad del suelo a la Junta y remarca que esa misma resolución concluye que la edificación del hotel no ha provocado "incremento patrimonial en las fincas, sino más bien un decremento en la valoración del suelo porque la construcción no está amparada por la ley".

La administración admite, no obstante, la "situación judicial incierta que pende" sobre el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones y, por tanto, que esta cuantía de 2,3 millones, ya en deposito judicial, podría verse alterada por la "valoración de las edificaciones, y en su caso, las eventuales indemnizaciones" que se puedan dictar en cuatro procedimientos judiciales aún en tramitación.

En concreto, alude al proceso que fallará para unificar doctrina sobre si el suelo es o no urbanizable, al que debe decidir sobre la indemnización de 70 millones de euros que, conjunta y solidariamente, solicita Azata de Junta andaluza, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Ayuntamiento de Carboneras, y a los dos en el Supremo a raíz de los recursos presentados por la promotora contra otras dos sentencias del TSJA que validaron el derecho de retracto.

En el informe remitido a la Alto Tribunal andaluz para dar cumplimiento su requerimiento de documentación en el marco del incidente de ejecución forzosa para que la Junta pueda formalizar en escritura pública la titularidad del suelo en que se asienta el hotel, esta remarca que no tiene intención de adquirir la propiedad de las edificaciones existentes en el paraje "a efectos de su explotación comercial o disfrute, sino a efectos de su demolición" para dar cumplimiento al protocolo firmado en noviembre de 2011.

Cabe recordar que en el marco de este mismo incidente de ejecución, la Junta solicitó al finales del marzo al tribunal que expida una "autorización de entrada" en los terrenos para "tomar posesión de la finca" y "dar, así, cumplimiento" al citado protocolo que contempla la demolición del inmueble y la recuperación de la playa. Subrayó, asimismo, la necesidad de "auxilio judicial" hacer efectivo el derecho de retracto ante la "actitud de Azata del Sol y Azata Patrimonio SL de impedir la entrega voluntaria" de las fincas.

En este informe de la Secretaría General Técnica, la Consejería lamenta, asimismo, que, desde que la sentencia firme le dio la propiedad del suelo, "en modo alguno se ha permitido a la administracción acceder o tomar posesión de las edificaciones e instalaciones existentes", ni tampoco "acceder a dichos terrenos".

Por este motivo, advierte de que, al margen de la transformación a simple vista del suelo por la construcción del hotel, se han "generado viarios, entre otros", a lo que habría que sumar "que no se ha podido acreditar la transformación que se ha llevado a cabo también en el subsuelo" del paraje.

Por último, y dando respuesta también al requerimiento efectuado por el TSJA mediante una providencia de 3 de marzo, la Junta le detalla a la Sección Primera que se ha realizado, con "resultado infructuoso", tres actuaciones administrativas desde 2006 para formalizar la escritura pública; en el primero, en 2006, Azata se opuso al retracto y se negó a recibir el precio de 2,3 millones mientras que en el segundo y en tercero, ya en agosto y noviembre de 2014, sus representantes legales no comparecieron a la cita.