El secretario general del Partido Andalucista (PA), Antonio Jesús Ruiz, ha expresado el apoyo andalucista al colectivo de profesores de FP afectados por la nueva normativa de capacitación del personal docente.

A través de un comunicado, Ruiz se ha hecho eco las quejas recibidas por parte de estos profesionales ante lo que consideran "una actuación injusta de la Administración educativa estatal y autonómica".

Según ha apuntado, "cerca de 600 profesores se verán en la calle ya que, para que puedan ser capacitados, se exige que los que son titulados universitarios acrediten tener al menos dos años de servicio a fecha de 2009 o el máster de Secundaria —equivalente al antiguo CAP—; dándose la paradoja además de que a los titulados en FP necesitan para esa misma capacitación 12 meses de servicio a fecha de 2014".

En este sentido, el líder andalucista ha explicado que desde el PA consideran que "son víctimas de una mala gestión del sistema educativo" porque, como recuerda, "cuando muchos de esos docentes aprobaron sus respectivas oposiciones no existían esos requisitos".

Así, explica que "a pesar de aprobar no obtuvieron plaza por la reducción de éstas, quedando como interinos de Educación y ahora se les pretende perjudicar con la aplicación de la nueva norma de forma retroactiva". Además, añade Ruiz, "hay especialidades en las que ni siquiera han salido másteres suficientes y adaptados por lo que, difícilmente podrían realizarlos los afectados".

"A este sinsentido se une que, según las noticias que nos han transmitido, en otras comunidades autónomas, como es el caso de Castilla La Mancha, se han dado más facilidades en los plazos y tiempo de servicio exigido", ha expuesto el andalucista.

En consecuencia, desde el Partido Andalucista han trasladado su solidaridad con estos profesores y profesoras e instan a las administraciones estatal y autonómica, en las competencias que les corresponden, "a que escuchen y atiendan esta problemática dando la respuesta que los afectados demandan".

Asimismo, van a plantear la posibilidad de llevar este asunto a los plenos de los ayuntamientos de Andalucía "para que apoyen la búsqueda de otras alternativas", ha concluido el secretario general del PA.