Andalucía es la segunda comunidad del país; pero no en una lista positiva. La región es, por detrás de Cataluña, la que más denuncias por «maltrato o tortura» policial acumula. En 2006, 139 personas presentaron en la región 55 denuncias (el 22,6% de las 266 de toda España) contra funcionarios de prisiones o agentes de cuerpos de seguridad, según el Informe sobre la tortura en el Estado español y Andalucía 2006, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Su denuncia se une a la realizada por Amnistía Internacional.

El informe en datos

Provincias: En Málaga hubo 15 denuncias (35 denunciantes), 11 en Sevilla (59 denunciantes), 14 en Cádiz (23 denunciantes) y tres en Granada (11 denunciantes). Sevilla (en 2006 se duplicaron las denuncias en ella) y Málaga ocuparon el puesto tres y cuatro entre las diez provincias españolas con más casos.

Víctimas: Sindicalistas (51), inmigrantes (21) y presos (14), entre otros. Seis denuncias se presentaron tras algún problema de tráfico.

Denunciados: De los 139 afectados, 71 relataron problemas con la Policía Nacional, 50 con la Policía Local, 14 con funcionarios de prisiones, tres con la Guardia Civil y uno con agentes de la Policía Autonómica.

Condenas: En 2006 fueron condenados en Andalucía 14 funcionarios públicos; nueve eran policías locales. Cádiz (siete condenas) y Granada (cinco) encabezaron este apartado. La Administración pagó más de 250.000 euros como indemnización en casos de «mal funcionamiento o muertes bajo custodia en Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga».

Más datos

Descenso: Las denuncias en Andalucía han ido descendiendo en los últimos cinco años: 2001 hubo 60 casos; 2002, 81; 2003, 67; 2004, 87, y en 2005, 57.

Segundo año: La comunidad autónoma también ocupó en 2005 el segundo puesto en número de denuncias en España. Sólo la superó Madrid, pero por un único caso.

Fallecidos: En 2006, se registraron en el sur, según el informe, 16 muertes de personas que se encontraban «bajo custodia del Estado». Diez ocurrieron en prisiones y seis mientras se encontraban bajo el control de la Guardia Civil y de la Policía Local.