El PSOE y UGT piden una subasta eléctrica antes del verano y válida para un mínimo de tres años

El PSOE y UGT solicitan al gobierno central que la subasta eléctrica de este año se celebre antes del verano y tenga una vigencia mínima de tres años. De este modo se permitiría al sector tener un marco estable, que garantizaría el empleo que existe e incrementarlo. También piden que los lotes tengan una mayor flexibilidad y no solo de 5 y 90 megawatios.

El PSOE y UGT solicitan al gobierno central que la subasta eléctrica de este año se celebre antes del verano y tenga una vigencia mínima de tres años. De este modo se permitiría al sector tener un marco estable, que garantizaría el empleo que existe e incrementarlo. También piden que los lotes tengan una mayor flexibilidad y no solo de 5 y 90 megawatios.

Así lo han asegurado este viernes en rueda de prensa el europarlamentario Jonás Fernández, la diputada nacional y candidata a la alcaldía de Avilés, Mariví Monteserín, y el secretario de MCA-UGT en Avilés, Jenaro García. Los socialistas se habían reunido previamente con representantes de los comités de empresa de Arcelor-Mittal, Alcoa y Asturiana de Zinc, las grandes consumidoras de energía.

Monteserín ha apuntado que la tarifa energética "es el problema número uno de la comarca y necesitamos ganar tiempo. A medio plazo habrá una política industrial europea, pero hasta entonces necesitamos esos tres años, que los tengamos despejados para que las empresas inviertan y creen empleo".

La candidata socialista ha instado al ministro de Industria a crear las condiciones para que las empresas inviertan, "no darles la coartada para que digan que se van". Jonás Fernández ha mostrado su "preocupación por la ausencia de voluntad política para solucionar este tema" y se ha comprometido a trasladar las peticiones al parlamento europeo.

Jenaro García ha apuntado que en otros países los peajes de la tarifa energética no son pagados por las empresas consumidoras o son éstas las que pactan el precio de la energía con las suministradoras. "Aquí no puede decirnos el gobierno que cambiar el sistema conllevaría ilegalidades cuando en otros sitios se está haciendo. Lo que no hay es voluntad política para cambiarlo y hay que hacerlo si se quiere apostar por la industria".

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