La Consejería de Fomento y Vivienda ha asegurado que está "trabajando en la planificación de los pagos con el fin de poder dar una respuesta satisfactoria" a las empresas encargadas de la conservación de la red viaria andaluza, tras lo que ha explicado que en los últimos días "hemos realizado una transferencia de 5,7 millones de euros para afrontar parte de la cuantía que hay que abonar por los contratos de conservación".

Fuentes de la Consejería han explicado a Europa Press que el pago de estas certificaciones "constituye una prioridad para esta Consejería y estamos dando todos los pasos necesarios por normalizar la situación".

Asimismo, han precisado que la conservación de carreteras "es una actividad clave en materia de infraestructura para el Gobierno autonómico y somos conscientes de los esfuerzos que están haciendo estas empresas en el desempeñando esta labor".

La Consejería responde de esta manera al hecho de que el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha presentado este pasado jueves en el registro de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía un conjunto de reclamaciones administrativas, firmadas por las empresas responsables de los contratos de conservación de la red viaria andaluza, con las que la Administración andaluza "mantiene una deuda de la que no concreta un horizonte de pago".

Ceacop ha explicado que la presentación de la reclamación administrativa constituye el paso previo para que las empresas puedan iniciar el procedimiento judicial por la vía correspondiente.

Los empresarios aseguran que "desde el mes de agosto de 2014, la Junta de Andalucía no está abonando a las constructoras las certificaciones correspondientes a la conservación de carreteras". Han precisado que estos impagos "suponen una deuda de 25 millones de euros, que está causando un gran perjuicio para la supervivencia de las 45 empresas afectadas, así como para los 600 trabajadores directos que dependen de estos contratos, y que, en algunos casos, han visto congeladas sus nóminas".

Ceacop ha explicado que "a estas alturas del año las empresas se pueden encontrar con que si la Junta no abonara las certificaciones de abril, ya serían nueve los meses que se acumularían a la deuda que vienen soportando".