La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a reclamar a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares la práctica de una serie de diligencias a fin de "impulsar el avance de la presente instrucción de manera continua y uniforme en todas sus piezas".

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público recuerda que el pasado 5 de noviembre de 2014 solicitó a la juez Mercedes Alaya la práctica de una serie de diligencias, "sin que hasta la fecha, y a pesar del dictado del reciente auto de fecha 8 de abril de 2015", conste que "se haya dictado resolución expresa que resuelva de manera directa sobre su admisión y pertinencia, no constando asimismo siquiera su unión a las actuaciones".

Así, y entre estas diligencias, la Fiscalía solicita que se imponga una fianza de responsabilidad de civil al exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido, todo ello después de que la juez anulara la fianza de 353.353,96 euros que le impuso al considerar que había que investigar "con mayor profundidad" los hechos que se le imputan.

"A la vista del contenido del oficio de la Guardia Civil de fecha 29 de julio de 2014, esta Fiscalía Especial entiende que las conclusiones que se recogen en dicho oficio coinciden con los indicios sólidos que han venido fundamentando la petición de prestación de fianza por el imputado", pone de manifiesto.

Anticorrupción también pide a Alaya, en relación a EDM, que cite a declarar como testigo a Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, exdirector de análisis de inversiones de Invercaria, y que impute al que fuera director de Inversiones Estratégicas de IDEA, Bienvenido Martínez.

También reclama a la juez que cite como imputados, en relación a las ayudas concedidas a Cydeplast S.A., Cydeplast Pet y Nazapet Sal, a José Luis R.F. y a José María M.G., pues "existen indicios de la participación" de ambos "en los hechos recogidos en los autos de apariencia delictiva", en base al informe de seguimiento y al informe elaborado por los peritos de la Intervención General del Estado.

Por último, solicita a Alaya que fije las fianzas civiles para otros dos imputados, como son José M. Caballero y Manuel Enrique Rodríguez Contreras, todo ello "teniendo presente las dimensiones de la presente causa y el alto número de personas imputadas, pero teniendo también muy presente la necesidad de garantizar en la medida de lo posible la recuperación y/o aseguramiento de los fondos públicos indebidamente dispuestos por los imputados".