El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha apuntado este martes durante su declaración como imputado en la pieza de los ERE fraudulentos que se instruye en el Tribunal Supremo que en diez años de debates presupuestarios ninguno de los centenares de diputados que han pasado por las cortes andaluzas ha hecho observación alguna de ilegalidad respecto del sistema de "transferencias de financiación" que se utilizó para tramitar las ayudas socio-laborales.

Según se detalla en el acta de declaración, al que ha tenido acceso Europa Press, a juicio del actual diputado nacional es muy difícil pensar que en diez años centenares de diputados hayan visto absolutamente nada ilegal. Ha negado además haber conocido nunca ningún informe de la intervención poniendo reparos a estas ayudas.

Chaves ha explicado ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro que nunca despachó con un director general, que únicamente lo hacía con consejeros y que ninguno de ellos le puso de manifiesto la existencia de ilegalidades.

También ha manifestado que nunca le llegó ningún informe de la intervención ni tuvo sobre la mesa del Consejo de Gobierno ningún informe de actuación al respecto.

200

Directores generales en andalucía

El expresidente andaluz ha manifestado ante el instructor de la causa en el Tribunal Supremo que en todo Andalucía había 200 directores generales y que él partía de la idea de que el procedimiento a partir del cual se concedían las ayudas era completamente legal.

Entiende que si la intervención hubiera considerado que el presidente de Andalucía tenía que estar enterado de la ilegalidad, lo habría comunicado.

Al lo largo de su declaración, Chaves ha negado igualmente saber siquiera que se hubieran encargado ningún informe externo por la Junta de Andalucía como el que realizó la firma jurídica Garrigues advirtiendo de una serie de irregularidades en el sistema de concesión de ayudas socio-laborales.