El Grupo de Análisis sobre Territorios Rurales (GATER), formado por profesores de las cinco universidades públicas valencianas, ha elaborado un informe en el que se propugna una nueva política rural aplicable a la Comunitat Valenciana, que introduzca incentivos territoriales y mejore los servicios públicos y la gobernanza.

En el documento, los expertos plantean la necesidad de un debate sobre la estructura institucional de los territorios rurales y, en concreto, "cuestionan el papel de las diputaciones provinciales", que consideran que "muchas veces, al margen de otros posibles efectos, favorecen redes clientelares de escasa eficacia en el desarrollo rural".

Con el fin de examinar "de manera integral" todas las políticas que afectan a los territorios rurales y establecer las pautas para conseguir el mejor modelo territorial, los diez profesores que forman el GATER se han reunido con más de 70 expertos en el Taller 'Hacia una nueva política rural y territorial en la Comunidad Valenciana. Incentivos territoriales, servicios públicos y gobernanza'.

En él participaron actores cualificados del medio rural —procedentes de la administración local y autonómica, los grupos de acción local, la sociedad civil y el empresariado rural—, tanto de la Comunitat Valenciana como del resto de España. El grupo de expertos ha sintetizado "las líneas maestras de la que debería ser una nueva política rural valenciana". Por la Universitat de València han participado los profesores Javier Esparcia y Jaime Escribano, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Estos expertos propugnan, por un lado, la implementación de incentivos territoriales, mediante políticas de estímulo a las actividades económicas, a través de un enfoque estratégico, que incluya un apoyo decidido al sector privado. Por otro lado, en el documento elaborado se analiza la componente social del desarrollo territorial y sus desequilibrios en la Comunitat Valenciana, definiendo los campos de acción de una política social rural en educación, sanidad, servicios básicos y transporte público.

Asimismo, los expertos defienden la necesidad de una nueva gobernanza rural, "que articule la sociedad civil y la política local, otorgando gran importancia a la participación para lograr avances en la cooperación territorial y que aumente el capital social, impulsando liderazgos, mejorando las estructuras de coordinación y desarrollando acciones de pedagogía política y de difusión".

Los expertos concluyen analizando los retos para la democracia y la transparencia que se abren en el período 2015-2020 y piden que la selección de los grupos que opten a los fondos europeos de desarrollo rural (y en la medida de lo posible, la delimitación de las áreas LEADER) "no se lleve a cabo hasta después de las elecciones locales y autonómicas del próximo mes de mayo, para evitar hipotecar el futuro de los grupos con unos actores públicos no surgidos de las elecciones locales".

Evitar el clientelismo

Uno de los aspectos "más críticos" del documento, según la institución, es el papel de las diputaciones provinciales en el desarrollo rural, que según recoge el documento, "actúan de hecho como un filtro de los fondos financieros, que por derecho corresponden a los municipios rurales, pero que a su paso por la Diputación se convierten en instrumentos político-partidistas (dádivas) que se conceden según la discrecionalidad del partido político dominante".

A ello se añade, "el coste ordinario de mantenimiento de la propia Diputación como institución, que se convierte en una losa que detrae fondos necesarios, entre otros ámbitos importantes, al propio desarrollo territorial rural".

Según ha explicado Javier Esparcia, catedrático de Geografía de la Universitat de València y coordinador del informe junto a los profesores José Mª Álvarez Coque, Raúl Compés y Dionisio Ortíz de la Universidad Politécnica, Artur Aparici de la Jaume I, y Jaime Escribano de la UV, "habría que replantearse la continuidad de esta institución, ya que una coordinación comarcal de los municipios obligaría a que la aplicación del criterio territorial como criterio técnico adquiriera relevancia, reduciendo la actual presencia, casi exclusiva como criterio, de la densidad demográfica".

Asimismo, los expertos destacan que a lo largo de las sesiones de trabajo "diferentes voces" pusieron de manifiesto la existencia de "prácticas partidistas y clientelares, cuya desaparición es vital para mejorar la gobernanza local". "Sería necesario dar protagonismo a la sociedad civil, tanto en la toma de decisiones como en el liderazgo de los proyectos, que no pueden quedar sólo en manos de los ayuntamientos o de la conselleria, algo que sólo hace que cerrar el círculo vicioso del clientelismo y la ineficacia de las ayudas", sostienen.

El GATER está integrado por los profesores Artur Aparici, Xavier Gines y Vicent Querol de la Universitat Jaume I; Raúl Compés, José Mª García Álvarez-Coque y Dionisio Ortiz de la Universitat Politècnica de València; Jaime Escribano y Javier Esparcia de Universitat de València; Antonio Martínez Puche de la Universidad de Alicante, y Margarita Brugarolas, de la Universidad Miguel Hernández.