El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha expresado hoy su "absoluta confianza" en la honestidad de la veintena de altos cargos y excargos de la Consejería de Economía y Empleo que declarará a partir de junio en sede judicial por un presunto delito de malversación, con motivo de la operación de compra por parte de la Junta del Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y de terrenos en el término de Portillo.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico, que en su condición de presidente del PP en Castilla y León ha puesto hoy el broche en Valladolid a la Convención de Nuevas Generaciones, ha aprovechado su intervención para hacer un alegato en favor de los investigados por la adquisición a Urban Proyecta PM3, por más de 70 millones de euros, del inmueble conocido como 'La Perla Negra' en el que se ubica el ADE.

"Absoluta confianza en las personas que me están acompañando en el trabajo público en Castilla y León", ha reiterado Herrera, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, tras extender idéntica confianza en la Justicia, ha agradecido a algunos medios de comunicación y al propio Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) por "acercarse al verdadero alcance" de la citación judicial de los aludidos.

Y es que, como así ha precisado, la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 se circunscribe a unas diligencias previas destinadas a "tomar testimonio a algunos representantes públicos en calidad de imputados para que acudan con todas las garantías", en referencia a la ventaja que supone ir asistidos con representante legal.

Frente a lo que considera una mera diligencia de investigación, sin que por tanto haya hasta ahora auto de imputación alguno, Herrera ha lamentado que otros, sin embargo, a los que ha calificado como "justicieros de la noche", se han "apresurado para tratar de hacer ya un linchamiento".

En este sentido, el presidente de la Junta ha puesto el acento en la distinta vara de medir aplicada por los socialistas en función de quienes son los afectados. "Proponen inmolar en la pira funeraria a todas las personas imputadas, salvo que hayan sido presidentes de la Junta de Andalucía o del Partido Socialista", en clara alusión a la situación de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.