Los terrenos pertenecen a la fundación Emilio Álvarez, dedicada a las personas con discapacidad y cuyo patronato está dirigido por el Arzobispado. Y aquí salta la polémica.

El comité de discapacitados Cermi y una sobrina de Emilio Álvarez creen que este plan urbanístico nada tiene que ver con los fines de la fundación.

Ambos han presentado un escrito al Protectorado de Fundaciones (Junta) para denunciar que se incumple la ley y han anunciado que acudirán, si es necesario, a la vía judicial. «Lo que no quiero es que algo que se hizo con tanto esfuerzo y cariño se convierta en una especulación urbanística», afirma la sobrina Julia Álvarez.

El Arzobispado se defiende. Afirman que precisamente el proyecto presentado en el Ayuntamiento impide que se especule con el suelo, que todo será dotacional y que el objetivo es que todas las actividades sociales se hagan mejor que ahora, «más dignamente».

El proyecto del arzobispado

Remodelar los edificios que existen: Renovar las instalaciones del antiguo colegio de sordos y ampliarlas con un edificio de 1.924 m2 construidos. Aquí también se ubicarían Cáritas, el secretariado Gitano y otros colectivos.

Cede al Ayuntamiento: Una parcela de 245 m2 en la esquina de Simón Aranda y José María Lacort. Uso público.

Aparcamiento: De nueva construcción. Unas 400 plazas.

Equipamiento privado: Se reservan dos parcelas, con una edificabilidad de 7.338 m2, para dos nuevos edificios, uno de seis alturas y otro de cinco. En el estudio detalle se fija un posible uso residencial «aunque el criterio es que sea tipo dotacional al servicio de la sociedad».