El Gobierno licitará la nueva lonja y cofradía de pescadores de Colindres por 2,9 millones

Autorizado el contrato del servicio de ayuda a domicilio del sistema autonómico de atención a la dependencia, por 28,5 millones de euros
Puerto de Colindres
Puerto de Colindres
PUERTOS DE CANTABRIA
Puerto de Colindres

El Gobierno de Cantabria ha aprobado el contrato para la construcción de la nueva lonja y sede de la cofradía de pescadores en el puerto de Colindres, por un importe cercano a los 3 millones (2.945.148 euros) y un plazo de ejecución de 24 meses.

En su reunión semanal, el Ejecutivo también ha aprobado el contrato del servicio de ayuda a domicilio del sistema autonómico de atención a la dependencia, por valor de 28,5 millones de euros. En total, la Administración regional ha tramitado inversiones y ayudas por importe de casi 32 millones (31.983.081,49 euros).

En el área de Obras Públicas y Vivienda, se ha dado luz verde a la ejecución y celebración del contrato de la nueva lonja y cofradía de pescadores en el puerto de Colindres, que se levantará frente al muelle este, al norte, cercano a la fábrica de hielo.

Será un edificio de planta rectangular de 76,20 metros de largo por 16,10 metros de ancho, con 1.226 metros cuadrados. Dispondrá de dos plantas de 4,70 metros de altura en la baja y 3,80 en la primera.

Dentro del edificio se diferenciarán dos zonas, la primera dedicada a la lonja, con 1.881 metros cuadrados útiles, que en la planta baja incluye sala de subasta, zona de manipulación, pesaje de pescado y dos cámaras frigoríficas, mientras que en la planta primera habrá una zona de rederas.

Habrá una segunda parte del edificio, con 370 metros útiles, que se destinarán a las instalaciones de la cofradía, es decir, las oficinas generales, los despachos de presidente, secretario y sanidad, la sala de juntas y los archivos, todos ellos en la planta primera.

DERRIBOS

Por otro lado, en el capítulo de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo se han aprobado sendos acuerdos por los que se autoriza el cambio de procedimiento general a procedimiento abreviado de responsabilidad patrimonial, y se faculta al instructor a formular una propuesta de acuerdo de terminación convencional, en los expedientes de responsabilidad patrimonial de los afectados por sentencias de derribo de 99 viviendas en las urbanizaciones La Llana I y La Llana II de Argoños.

Con este acuerdo, el Ejecutivo garantiza a los propietarios afectados una vivienda si no se legaliza la suya, o en su defecto, una indemnización fijada por un árbitro independiente.

Los nuevos convenios se unen a los aprobados anteriormente por el Consejo de Gobierno para las 41 viviendas de las urbanizaciones de Entrelindes y de la Unidad de Ejecución L-05, ambas en la localidad de Liencres (Piélagos), y al convenio autorizado para las 28 viviendas del edificio de Las Torres, en Escalante.

En estos casos, las viviendas pueden acogerse a un proceso de legalización posterior, dado que las construcciones tienen "encaje legal" en los planeamientos urbanísticos en tramitación y podrán ser finalmente legalizadas con la concesión de las nuevas licencias.

El acuerdo recoge el derecho de las familias a que la administración corra con todos los gastos que se produzcan durante el proceso de legalización, y el derecho a ser indemnizados si estos procedimientos no llegan a buen término. Si esto es así, podrán optar, o bien por una indemnización económica fijada por un perito independiente, o bien por una nueva vivienda de similares características a la suya.

DEPENDENCIA

De su lado, Sanidad ha autorizado el contrato del servicio de ayuda a domicilio del sistema para la autonomía y atención a la dependencia de Cantabria durante un período de tres años y un importe de más de 28,5 millones (28.596.185 euros).

El Ejecutivo facilita a través del servicio un conjunto de actuaciones en el domicilio, con el fin de prestar apoyo y atender las necesidades de la vida diaria de las personas dependientes.

De esta forma, se promueve su permanencia y autonomía en el medio habitual de convivencia de la familia y se preservan las capacidades funcionales de las personas, impidiendo, dentro de lo posible, su deterioro.

Además, el Consejo ha prorrogado el contrato de suministro de determinaciones diagnósticas de las citologías ginecológicas, por importe de 240.570 euros.

EDUCACIÓN

Finalmente, en el ámbito de Educación, Cultura y Deporte se ha acordado conceder una subvención a la Asociación Cultural Cántabra Audiovisual (ACUCA) para el desarrollo de sus actividades, por importe de 100.000 euros.

El Gobierno facilita esta ayuda para la adquisición de los equipos técnicos necesarios para el desarrollo de actividades de divulgación, formación y producción en materia audiovisual en la región.

En concreto, la inversión autonómica se destinará a un programa de equipamiento a través de la adquisición de equipos técnicos de producción audiovisual: fotográficos, de sonido, iluminación, generación eléctrica y equipos auxiliares destinados a la producción.

El consejero del ramo, Miguel Ángel Serna, informó de la adjudicación de contratos por valor de 101.178 euros, para la construcción de instalaciones deportivas y la actualización de los recursos educativos en los centros escolares.

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