El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha atribuido la retirada del PP como acusación particular en el caso sobre los suelos de Mercasevilla, teniendo en cuenta que actualmente la propia sociedad gestora del mercado central de abastos, participada por el Consistorio, ya se encuentra "personada y ejerciendo sus acciones".

Tras visitar las obras de reurbanización de la calle José Sebastián Bandarán, Zoido ha detallado que su partido cumplió "la misión en su momento de denunciar los hechos ante la pasividad que había, no sólo en el gobierno municipal, sino también dentro de Mercasevilla".

"No se había tomado ninguna medida activa para el esclarecimiento de los hechos, pero una vez que Mercasevilla está personada, el PP y yo debo debemos retirarnos porque ya está el Ayuntamiento en el asunto a través de Mercasevilla ejerciendo las acciones que le corresponden", sentencia.

Cabe recordar que la juez Mercedes Alaya ha dictado auto de apertura de juicio oral por el "concurso fraudulento" para la venta de los suelos de Mercasevilla contra un total de diez personas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos, el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, o el exasesor municipal del grupo socialista Domingo Enrique Castaño.

En el citado auto de apertura de juicio oral, Alaya atribuye a los encausados un delito de fraude y exacciones ilegales en concurso medial con un presunto delito de prevaricación, y les requiere además para que, en el plazo de un día, presten fianza de manera solidaria por importe de 33.250.000 euros de cara a "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles", con el apercibimiento de que "de no prestarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

Dicha cantidad se basa en la fianza de responsabilidad civil de 25 millones de euros —más el tercio legal— "en la que se fijaba la pérdida para Mercasevilla por el deterioro del valor del inmueble atendidas las circunstancias adversas del mercado actual, radicalmente diferentes a las del año 2006, fecha del contrato de opción de compra", añadiendo que esta cantidad "resulta de la diferencia entre el precio más alto de los ofrecidos por los licitadores que concurrieron y el ofrecido por Sanma que fue finalmente la adjudicataria".