La asociación Ecologistas en Acción ha anunciado la presentación de una querella por prevaricación ambiental contra el alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Juan Manuel Rodríguez, y contra cargos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por ocultar información respecto a la protección de la Sierra de Morón.

El hecho principal de la querella, según ha precisado el colectivo en una nota, es que todos los denunciados, actuando como autoridades o funcionarios del Ayuntamiento moronense o de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio, han omitido, "a sabiendas de su injusticia", la aplicación de la legalidad urbanística establecida en el actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Morón, vigente desde abril de 2012, que prohíbe "de manera taxativa" las actividades extractivas donde se ubica la explotación minera 'Sierra de Morón'.

Dicha explotación, que lleva produciendo "graves" daños ambientales y al paisaje desde hace más de treinta años, quedó paralizada en diciembre de 2012 al cumplir su primer periodo de concesión minera, "pero la connivencia entre el Ayuntamiento de Morón y la Junta de Andalucía ha permitido una prórroga por otros treinta años más".

Ello, a pesar de que "todos los querellados conocen que el suelo donde se ubica está calificado, por sus valores ecológicos, ambientales y paisajísticos, como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística (SNU-PU), en su gran mayoría de Conservación Prioritaria", según consta en un informe del arquitecto municipal de abril de 2013, realizado a instancias del propio alcalde de Morón, donde se indica expresamente la normativa vigente y la prohibición de usos.

Una vez conocido el contenido del informe urbanístico, el regidor, según ha criticado la asociación, "se negó expresamente a remitirlo a las autoridades ambientales, con la evidente intención de que no fuera tenido en cuenta dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que se había iniciado; en su defecto, para dar apariencia de legalidad, el alcalde remitió un informe diferente del jefe del Departamento Municipal de Medio Ambiente, que omitía la legalidad urbanística municipal".

Para Ecologistas, la "gravedad" de los hechos y los daños ambientales y paisajísticos que se están produciendo "nos obligan a iniciar acciones judiciales en vía penal, por posibles delitos de prevaricación de los artículos 320, 329 y 404 del Código Penal".

"Esta actuación arbitraria, antijurídica e injusta, y presumiblemente delictiva, se extiende también a las autoridades ambientales provinciales, porque aunque el Ayuntamiento no les remitió el referido informe del arquitecto municipal de abril de 2013, Ecologistas en Acción se lo hizo llegar en mayo de 2013, dentro del periodo de consultas e información pública, y sin embargo igualmente lo han obviado completamente, a sabiendas de que sus conclusiones son determinantes y conllevan la inviabilidad ambiental de la explotación minera", han añadido.