Un centenar de trabajadores de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada se han manifestado este mediodía entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para reclamar al segundo que confirme las sentencias del primero, que declaro nulo el ERE, y se reabra el centro.

Los empleados, que no han parado durante horas de cantar consignas y lemas contra los dueños de la embotelladora y a favor de un boicot a la marca en la plaza de la Villa de París, han contando con el apoyo de la candidata de IU a la Alcaldía de Madrid, Raquel López, y del líder del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado.

Un año y medio de conflicto

La Audiencia Nacional ordenó el pasado mes de noviembre al embotellador único de Coca-Cola en España cumplir la ejecución provisional de la sentencia que declaró nulo el pasado mes de junio de 2014 el ERE, que afectó a 1.190 trabajadores y conllevó el cierre de cuatro plantas (Alicante, Palma de Mallorca, Fuenlabrada y Asturias).

El embotellador finalmente se decantó por ofrecer un puesto de trabajo a los 351 trabajadores forzosos a los que les afecta la ejecución provisional de la sentencia del ERE en alguno de los centros que mantiene abiertos de la multinacional.

Sin embargo, los sindicatos UGT y CC.OO. exigieron a la multinacional que la reincorporación de los afectados por el ERE fuera en sus empresas y puestos de trabajo, y no bajo las condiciones que la compañía había impuesto.

En nuevo auto, en enero Audiencia Nacional consideró "irregular" la readmisión de los empleados afectados por el ERE en centros de trabajo que suponen un cambio de residencia, y obligó a la compañía a pagarles los salarios de sustanciación.

Por su parte, el embotellador único de Coca-Cola en España ha informado que pagará el salario de los 278 trabajadores que "rechazaron todas las ofertas de empleo planteadas por la compañía" en otra ciudad durante el ERE, que incluía un paquete de compensación de 500 euros al mes para ayuda a la vivienda durante dos años.

La multinacional subrayó que el auto de la Audiencia Nacional "confirmó que los centros están cerrados" y que ésta fue una decisión empresarial valida e independiente de la ejecución, mientras que ha recalcado que el tribunal ha dictado que "no ha habido fraude de Ley ni dolo ni mala fe".

Ahora, tras un recurso de casación, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el próximo día 15 de abril tiene que decidir sobre el recurso planteado por la empresa, ratifique la sentencia de la Audiencia Nacional y por lo tanto los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo.