El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha resuelto citar para el 7 de abril a la joven de 26 años que autoinculpó en la causa incoada a cuenta de la ocupación de la parcela de la calle San Luis que antaño albergaba la sala teatral Endanza, en el sector norte del casco histórico, como miembro del colectivo protagonista de esta acción. En esta causa judicial figuran ya imputadas otras diez personas.

La citada instancia judicial, según han informado a Europa Press fuentes del colectivo promotor de esta ocupación, ha decidido llamar a declarar a esta joven después de haber suspendido las comparecencias previstas para el miércoles pasado, cuando ocho personas estaban llamadas a declarar como imputadas por un presunto delito de usurpación relacionada con esta ocupación.

Se trataba de ocho personas identificadas por la Policía Nacional en las inmediaciones de la parcela, si bien sus comparecencias fueron finalmente suspendidas como consecuencia de una incidencia en la notificación de las citaciones.

Mientras el juzgado estaría aún pendiente de citar de nuevo a estas ocho personas, que se suman ya a las dos personas que comparecieron como imputadas hace ya semanas por su presunta relación con los hechos, lo cierto es que esta instancia judicial ha resuelto llamar a declarar el 7 de abril a la joven que se autoinculpó, a título individual y voluntariamente, como miembro del grupo promotor de esta ocupación. Otras cien personas, recordémoslo, se han autoinculpado también ante el juzgado, aunque como participantes de las actividades que se celebran en el recinto ocupado, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

La parcela de endanza

"El centro social ocupado y autogestionado endanza es un espacio vivo, abierto al vecindario, utilizado por los colectivos y movimientos sociales de la ciudad. La especulación urbanística, que condenó al abandono y al deterioro a este lugar durante siete años, no puede ser excusa para volver a privar al barrio de un espacio que pretende ser catalizador de diferentes iniciativas políticas, sociales, culturales y artísticas", alega el grupo de ocupas, que defiende que según el planeamiento urbano vigente, "buena parte" del recinto ocupado debería ser "de uso cultural o zona verde", precisamente "el uso que hoy día tiene".

El origen de la propiedad del edificio, según el colectivo ciudadano que ha ocupado la parcela, se remontaría al Marqués de la Motilla, toda vez que posteriormente fue adquirido por una inmobiliaria quebrada hace más de siete años, lo que finalmente motivó su adscripción a la Caja de Extremadura y, finalmente, su absorción a manos de la Sareb. El colectivo alega que tras quedar "abandonada", era necesario tomar las riendas de dicha finca para ponerla al servicio de la sociedad.