El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha detenido al exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba Antonio Fernández y a la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta y exconcejal en el Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Lucena María José Lara, en el marco de la operación iniciada este martes por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya, caso que está bajo secreto parcial.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, después de que los agentes han detenido este martes en total a 16 personas en Andalucía vinculadas con la gestión de los fondos de formación y han entrado y registrado en dos domicilios, todo ello, en el marco de las diligencias del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en la denominada Operación 'Barrado'.

Según informa la Benemérita en una nota, las indagaciones se concentran en esclarecer diferentes conductas, presuntamente delictivas, relacionadas con los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Se ha actuado en las ocho provincias andaluzas, con tres detenciones en Sevilla; dos en Córdoba; dos en Cádiz; tres en Málaga, provincia en la que se han realizado los dos registros —en el complejo del consorcio Ciomijas—; otras dos en Huelva; dos más en Almería, y una tanto en Granada como en Jaén.

Al respecto, siete de estas personas han desempeñado el cargo de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en las diferentes provincias andaluzas, destacando que en Huelva y en Sevilla las personas detenidas ostentan actualmente dicha responsabilidad. Igualmente, cuatro de ellas han estado al frente de direcciones generales dentro del mismo SAE.

Por otra parte, se ha procedido a la detención de los ex directores gerentes de los consorcios Formades y Ciomijas, así como a la presidenta de la UTE gestora de Ciomijas. En el desarrollo de esta operación se procederá a las imputaciones de otras personas vinculadas a la gestión de estos fondos de formación. Mientras, las personas detenidas pasarán a disposición judicial una vez se practiquen las diligencias policiales pertinentes.