La ministra de Cultura, Carmen Calvo, dijo este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno está actuando "con contundencia y con prudencia" para tener las pruebas necesarias que permitan sabe si el hallazgo realizado por la empresa Odyssey constituye "un delito contra el patrimonio histórico español".

Calvo realizó estas afirmaciones al responder en el Pleno una pregunta de la diputada socialista María Escudero Sánchez sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno para proteger el patrimonio subacuático ante las recientes actuaciones de Odyssey.

Esta compañía estadounidense, con sede en Tampa (Florida), anunció el pasado 18 de marzo el hallazgo, en un lugar del Océano Atlántico que no ha querido precisar, de un importante tesoro submarino, compuesto por diecisiete toneladas de monedas de oro y plata y valorado en unos 370 millones de euros.

La ministra recordó que conoce bien este tema, porque cuando fue consejera de Cultura de la Junta de Andalucía no dio "autorización nunca a esta empresa para que pudiera bajar al subsuelo", y le consta que el gobierno andaluz tampoco lo ha hecho últimamente.

"Cualquier cosa que haya ocurrido en esas aguas, y que en estos momentos estamos investigando, ha sido ilegal", dijo Calvo, quien señaló que, después de que se hiciera público el hallazgo, se le ha pedido información a la empresa, y también se ha pedido explicaciones a las embajadas de Estados Unidos y del Reino Unido, "para saber cuáles eran los permisos aduaneros que se habían dado y de qué naturaleza era la carga del avión que despegó de Gibraltar y llegó a Tampa".

Además, agregó Calvo, se ha solicitado a la Guardia Civil del Mar que facilite la información de las últimas semanas para saber por dónde se han movido los buques de la empresa Odyssey.

"Esta empresa sólo ha dicho, de forma sucinta y bastante opaca, que el hallazgo ha sido fuera de las aguas españolas, pero no dice qué galeón ha sido objeto de la extracción que han hecho.

Es una forma sospechosa de actuar porque si no tiene nada que esconder, nos lo podían haber dicho", subrayó.

Mientras se obtienen las pruebas necesarias, "y se le puede dar instrucciones a la Fiscalía", el abogado estadounidense James Goold, experto en estas cuestiones, "está ya representando los intereses de España en los tribunales de Tampa para ejercer nuestros derechos, si llegara el caso, sobre lo que nos corresponda".

Al finalizar la sesión plenaria, Calvo insistió que en casos como el protagonizado por Odyssey, "hay que moverse con mucha prudencia".

"Aquí las frases enardecidas no funcionan. Lo que funciona es el rigor de tener pruebas, porque de lo que estamos hablando es de un hipotético delito, y un delito no se imagina, se combate con pruebas", agregó la ministra.

Calvo le mostró la carta que el bufete de James Goold le ha enviado comunicándole que ya se ha hecho cargo de defender al Reino de España en los tribunales de Tampa.

"Es un bufete muy bueno, y hay jurisprudencia norteamericana que reconoce que España, que tiene firmado el tratado de 2005, tiene derechos sobre lo que se encuentre en galeones con pabellón español y, por tanto, ya se ha dado otro paso al frente: hemos ido a los tribunales defendiendo los derechos que podamos tener como país", dijo la titular de Cultura.

En opinión de Calvo, tanta opacidad por parte de la empresa es "absolutamente sospechosa".

Odyssey "tiene todo el derecho del mundo a hacer su trabajo legalmente en cualquier litoral del mundo, pero por nuestra parte nunca ha tenido permiso para trabajar".

"Pero si se le ocurre pedirlo, nunca lo va a tener, por lo menos en lo que corresponde al Ministerio de Cultura", insistió la ministra.

"Si Odyssey ha actuado de forma ilegal, ventilaremos hasta el último de nuestros intereses jurídicos para que si ese patrimonio es español y ha sido expoliado, vuelva a España. Que no le quede a nadie la menor duda", aseguró Calvo.