La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) prevé abonar "en unos dos meses" las indemnizaciones a 40 familias que fueron expropiadas por la Junta de Andalucía para ejecutar el proyecto de acondicionamiento del río Guadalquivir a su paso por Andújar (Jaén).

Así lo han indicado fuentes del organismo de cuenca consultadas por Europa Press, que han recordado que los afectados "nunca recibieron el dinero", casi tres millones de euros, por parte del Gobierno autonómico cuando tuvo las competencias. A pesar de eso, la CHG se comprometió en diciembre a abonar las cantidades para evitar que se vean perjudicados "injustamente" por las disputas jurídicas que se den entre administraciones.

En este tiempo, según han explicado, comenzó la tramitación formal con las comunicación a las personas correspondientes para requerir información como datos bancarios y documentación para acreditar que efectivamente son perceptores de las indemnizaciones.

"Calculamos que en un par de meses puedan estar recibiendo el dinero", han destacado las referidas fuentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que han añadido que las órdenes de pago "tienen que pasar también por la Intervención".

Las expropiaciones de estas 40 fincas en el término municipal de Andújar se produjeron en el marco del proyecto de acondicionamiento del río entre la margen derecha aguas abajo del Puente Romano y la margen izquierda aguas abajo del puente de la Autovía A-4, cuando la Junta asumió las competencias sobre el Guadalquivir.

Sin embargo, según apuntó en diciembre el presidente de la CHG, Manuel Romero, el Gobierno andaluz trasladó por escrito a la Confederación su intención de no hacer frente a los casi tres millones de euros que supusieron. Con ello, a su juicio, la Junta estaba "incumpliendo" los compromisos que había adquirido y estipulados dentro del decreto de devolución de competencias al Estado.

En cualquier caso, a pesar de "no corresponderle", el organismo de cuenca hará frente, inicialmente, al pago de la expropiación, que asciende a algo más de tres millones de euros. De ellos, la Junta "debe abonar el 95 por ciento entre el justiprecio pendiente de abono y sus correspondientes intereses —unos 2,8 millones de euros—, mientras que el cinco por ciento restante (0,15 millones) corresponde a los intereses pendientes de abonar por parte de la CHG.

Lo hace, según recalcó entonces, para que las disputas jurídicas que puedan desarrollarse entre ambas administraciones no ocasionen perjuicios a los afectados. De hecho, avanzó que una vez se entregue el dinero, la CHG pondrá en marcha las actuaciones legales aplicables para reclamar el 95 por ciento del dinero al Gobierno andaluz.